El Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) resolvió suspender por un año el ejercicio profesional de tres juristas: Lilia María Fernández León, Mariel María León Lebrón y Joel del Rosario Alburquerque. Esta medida, contenida en la sentencia TDH-014-2026, responde a violaciones comprobadas al Código de Ética del abogado, incluyendo prácticas procesales ilegales ya sancionadas por diversos tribunales.
Contexto del caso: divorcio Hazoury-Llaneza
Los hechos giran en torno al proceso de separación de bienes tras el divorcio entre Juan Rafael Llaneza y María Amelia Hazoury. Los abogados, vinculados a la oficina León & Raful, promovieron acciones judiciales sin sustento legal durante más de un año. Estas maniobras no solo impactaron al demandado, sino que arrastraron a empresas y terceros ajenos al litigio, causando perjuicios amplios.
Violaciones específicas al Código de Ética
El abogado Dionisio Ortiz Acosta, quien divulgó la sentencia, detalló que la sanción se basa en infracciones a los artículos 1, 2, 3 y 4 del Código de Ética del Profesional del Derecho. Se identificó un patrón de actuaciones temerarias, abusivas y contrarias al debido proceso, ratificado por más de 20 decisiones judiciales de instancias de primera y apelación.
Fallos previos que respaldan la decisión
- La Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en Ordenanza 026-03-2025-SORD-00226, calificó las diligencias como “temerarias y de mala fe”, con irregularidades manifiestas.
- Múltiples tribunales habían advertido previamente sobre el uso indebido de medidas sin base legal, vulnerando principios de buena fe y lealtad procesal.
Ortiz Acosta enfatizó: “Se trata de una decisión de gran peso jurídico, sustentada en hechos comprobados por varios tribunales”. Esta sanción subraya el compromiso del Colegio de Abogados con la ética profesional en un contexto donde los litigios de alto perfil exigen rigor.
En la República Dominicana, el Código de Ética busca preservar la integridad del ejercicio legal. Casos similares han llevado a sanciones en el pasado, como suspensiones por conductas reiteradas, según registros del CARD. Esta resolución refuerza la necesidad de acciones fundadas, protegiendo a partes y terceros de abusos procesales.
La suspensión afecta directamente la capacidad de estos juristas para representar clientes, enviando un mensaje claro sobre las consecuencias de ignorar el Código de Ética. El caso resalta tensiones en divorcios complejos, donde bienes y empresas quedan expuestos innecesariamente.
