La etapa preliminar del caso Calamar alcanza su punto crítico el viernes 29 de mayo, cuando la jueza Altagracia Ramírez del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional informará si los acusados avanzan hacia un juicio de fondo. La audiencia está programada para las 3:00 de la tarde y definirá el destino de los principales imputados en uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años.
El Ministerio Público acusa a los exfuncionarios de haber orquestado un esquema de defraudación estatal que habría alcanzado los 19 mil millones de pesos. Según la investigación, los recursos fueron desviados mediante pagos irregulares vinculados a expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, afectando directamente fondos destinados al Estado.
Quiénes están acusados en el caso Calamar
Los principales imputados en el caso Calamar son los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero. Junto a ellos figuran otros funcionarios e intermediarios de diferentes instituciones del Estado.
Otros acusados en el proceso
- El exsenador Rafael Calderón
- El abogado Ángel Lockward
- Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA)
- Roberto Santiago Moquete Ortiz y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario del Ministerio de Hacienda
- Julián Omar Fernández Figueroa, exencargado de Juegos de Azar
- Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional
- Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación
Presuntos sobornos y financiamiento electoral
La investigación del Ministerio Público en el caso Calamar ha documentado que parte de los recursos desviados habría sido destinado al pago de sobornos para financiar actividades electorales en 2020. Este aspecto agrega dimensiones adicionales de complejidad al proceso y sugiere una estructura coordinada de corrupción que trascendía el desvío de fondos públicos.
La decisión que emita la jueza Altagracia Ramírez el próximo 29 de mayo determinará si el caso Calamar avanza hacia el juicio de fondo, donde se evaluaría la culpabilidad de los acusados con base en las pruebas presentadas. Esta resolución marca un hito importante en la persecución judicial de presuntos actos de corrupción en la administración pública dominicana y refuerza el funcionamiento de las instituciones de justicia.
