El Ministerio Público presentó este viernes 6 de marzo sus argumentos para desbaratar las posiciones de las defensas en la audiencia preliminar del caso Calamar. El debate se lleva a cabo en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Santo Domingo. Este proceso judicial expone un presunto esquema de corrupción que habría desviado más de RD$19 mil millones de fondos públicos.
Imputados principales en el caso Calamar
Entre los señalados destacan los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, junto al exsenador Rafael Calderón. También figuran Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y el abogado Ángel Lockward. La fiscalía acusa a estos individuos de formar una red que manipuló expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública para pagos irregulares.
Detalles del presunto desfalco
- Recursos de contribuyentes desviados mediante sobornos.
- Fondos usados para financiar la campaña electoral de 2020.
- Otros implicados: Roberto Santiago Moquete Ortiz, Aldo Antonio Gerbasi Fernández (exfuncionario de Hacienda), Julián Omar Fernández Figueroa (exencargado de Juegos de Azar), y Claudio Silver Peña (exdirector de Catastro).
- Adicionalmente: Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.
Contexto histórico del caso Calamar
El caso Calamar surge de investigaciones sobre irregularidades en expropiaciones durante gestiones pasadas, con raíces en políticas de desarrollo inmobiliario y azucarero. Expertos en anticorrupción destacan que este monto supera escándalos previos como Odebrecht, donde se recuperaron solo fracciones de lo perdido. La fiscalía enfatiza evidencias documentales de transferencias anómalas, refutando alegatos de legalidad en las defensas. Analistas judiciales señalan que la audiencia preliminar definirá si avanza a juicio oral, potencialmente exponiendo fallas sistémicas en controles públicos.
Implicaciones para la justicia dominicana
Este enfrentamiento en el caso Calamar subraya tensiones entre acusación y defensa, con el Ministerio Público insistiendo en pruebas irrefutables. Observadores independientes valoran la transparencia del proceso, aunque critican demoras habituales en casos de alto perfil. El desenlace podría influir en reformas a la gestión de expropiaciones y financiamiento político, protegiendo así recursos estatales. En el caso Calamar, la refutación fortalece la narrativa de accountability ante un desfalco que afecta directamente a la economía nacional.
