Atención en salud mental en cárceles: la advertencia lanzada por la psicóloga Angelina Sosa vuelve a poner sobre la mesa una deuda histórica del sistema penitenciario dominicano con las personas privadas de libertad. La directora ejecutiva del Instituto de Salud Mental y Telepsicología señaló que esta población enfrenta una alta vulnerabilidad emocional y psicológica, por lo que pidió reforzar la atención en salud mental dentro de los centros de reclusión.
Atención en salud mental y vulnerabilidad penitenciaria
La atención en salud mental en contextos de prisión no es un asunto accesorio. El encierro, la ruptura con la familia, la incertidumbre judicial y la convivencia forzada pueden agravar cuadros de ansiedad, depresión y conductas de riesgo. En ese escenario, la alerta de Angelina Sosa apunta a una realidad conocida por organismos internacionales: la población penitenciaria suele concentrar una mayor carga de trastornos mentales que la población general.
En República Dominicana, el tema adquiere relevancia adicional por la presión sobre los centros correccionales, donde la demanda de servicios médicos y psicológicos suele superar la capacidad disponible. Una respuesta efectiva requiere tamizaje temprano, seguimiento clínico y acceso oportuno a profesionales capacitados.
Qué implica fortalecer la atención en salud mental
Hablar de fortalecer la atención en salud mental no se limita a aumentar consultas. También supone:
- Evaluaciones psicológicas al ingreso al sistema penitenciario.
- Detección de riesgo suicida y de crisis emocionales.
- Atención continua para casos de depresión, ansiedad y trauma.
- Coordinación entre salud, seguridad y personal penitenciario.
Sin esos pasos, la atención en salud mental se vuelve reactiva y llega tarde, justo cuando el cuadro ya se ha complicado.
Atención en salud mental y derechos básicos
La discusión también toca un punto de derechos humanos. Las personas privadas de libertad mantienen su derecho a recibir servicios de salud equivalentes a los de la población libre, incluido el cuidado psicológico. Cuando ese acceso falla, aumentan los episodios de crisis, la violencia interna y la posibilidad de autolesiones.
La propuesta de Angelina Sosa coincide con una tendencia regional: integrar la salud mental a la atención primaria dentro de las prisiones, en vez de verla como un servicio eventual o secundario. En la práctica, eso reduce riesgos y mejora la capacidad de rehabilitación.
Un reto para el sistema penitenciario dominicano
El llamado de atención en salud mental llega en un momento en que el país continúa discutiendo la modernización penitenciaria y la calidad de la atención clínica en los recintos. Especialistas insisten en que el éxito de cualquier reforma penal depende también de abordar el deterioro emocional de la población interna.
Angelina Sosa insistió en que las personas privadas de libertad constituyen una población altamente vulnerable, una definición que obliga a mirar la atención en salud mental como parte central de la política penitenciaria y no como un complemento. La salud mental en prisión, al final, también determina seguridad, reinserción y trato humano dentro de los centros correccionales.
