La aprobación acelerada del Código Procesal Penal en la República Dominicana ha despertado alertas sobre las posibles consecuencias en el sistema judicial del país. El Congreso Nacional sancionó la nueva normativa, que comprende 471 artículos, en una sesión única y en tiempo récord para cumplir con un plazo impuesto por el Tribunal Constitucional.
Contexto y motivos de la aprobación acelerada
Este nuevo Código Procesal Penal fue aprobado para corregir vicios formales de la Ley 10-15, una modificación del código vigente, según la sentencia del Tribunal Constitucional emitida a finales de 2024. Dicho tribunal otorgó al Congreso hasta el 11 de diciembre de 2025 para aprobar una nueva ley, bajo la advertencia de que de no hacerlo la Ley 10-15 quedaría fuera del ordenamiento jurídico, provocando un retorno al antiguo código de 2002.
El retroceso significaría la pérdida de avances fundamentales, como el derecho de las víctimas a un abogado estatal gratuito cuando no puedan asumir uno, la conversión de la acción penal privada en pública para ciertos delitos, y mejoras procesales que hasta ahora han facilitado el acceso y la eficacia de la justicia penal.
Proceso legislativo y críticas
El proceso de aprobación fue cuestionado por su rapidez y falta de participación adecuada. La pieza fue estudiada “al vapor“, según admitió el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en una subcomisión sin el quórum reglamentario. Legisladores como Eugenio Cedeño denunciaron violaciones a la institucionalidad y a las normas de bicameralidad, recordando que la Ley 10-15 ya había sido aprobada en 2015 solo por el Senado.
El Senado aceleró el trámite para evitar la expiración del plazo impuesto y sancionó la norma en una sola sesión. Esta rapidez ha generado preocupación entre expertos y operadores del sistema penal.
Impactos y advertencias de expertos
El abogado Nassef Perdomo alertó sobre riesgos críticos derivados de la aprobación acelerada del Código Procesal Penal, señalando que muchos casos judiciales podrían desmoronarse porque jueces, fiscales y abogados no han tenido oportunidad para estudiar a fondo la nueva ley.
“Se van a caer muchos casos. Ni jueces, ni fiscales, ni abogados conocen la norma que se está aplicando, y el sistema no ha tenido oportunidad de adaptarse”, afirmó.
Del mismo modo, el diputado Charlie Marrotti Jr. destacó que la prisa podría derivar en errores que impacten a las personas que más dependen de un sistema penal justo y garantista, subrayando que el código debe balancear la persecución penal con la protección de la presunción de inocencia.
Preparación y retos futuros del sistema judicial
Aunque la aprobación acelerada del Código Procesal Penal evitó un vacío legal y la regresión a normas obsoletas, la rapidez con que se sancionó deja en evidencia una falta de preparación y capacitación para su efectiva aplicación.
El sistema judicial dominicano enfrenta ahora un desafío mayúsculo para adaptar sus procedimientos, formación de operadores y difusión de la ley para evitar un daño institucional y garantizar que las reformas se traduzcan en mejoras reales.
La normativa representa un paso importante para la justicia penal, pero la aprobación acelerada del Código Procesal Penal ha generado inquietudes válidas sobre la eficacia y viabilidad del proceso. La consulta continua, el análisis técnico y la capacitación profunda serán indispensables para que este avance sustente un sistema penal más justo y eficiente.
El nuevo Código Procesal Penal ya es ley en la República Dominicana. Lo que queda pendiente es si el sistema está verdaderamente preparado para enfrentar las consecuencias derivadas de su pronta entrada en vigor, aspecto fundamental para el futuro del sistema judicial nacional.
