Abuso de poder es la acusación principal que lanzan diversos gremios periodísticos contra la jueza presidenta del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla. Esta denuncia surge tras la imposición de medidas cautelares a los comunicadores Nelson Gutiérrez y Joan René Santana, conocido como ‘el Francotirador’, en un caso impulsado por el exdirector de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta.
Medidas impuestas y reacción de los gremios
En una rueda de prensa en el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), líderes como Luis Pérez, presidente del CDP, y Gabriel Cruz, del Instituto de Previsión y Protección de Periodistas (IPPP), calificaron de intolerable el actuar de la magistrada. A Gutiérrez se le ordenó pagar una garantía económica de 500,000 pesos, presentarse periódicamente ante el tribunal e impedirle salir del país. Santana, por su parte, debe cumplir con presentaciones periódicas.
Los presentes, incluyendo representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Colegio Dominicano de Locutores (CDL), ven en estas decisiones un claro abuso de poder que vulnera la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Gutiérrez, también presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos (Conadehu), defendió su labor al basarse en una auditoría oficial de la Policía Nacional, memorándum 8821, que expone anomalías por 441 millones de pesos en la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) durante la gestión de Guzmán Peralta.
Contexto de la auditoría y acciones tomadas
Antecedentes del caso Digesett
La auditoría, realizada por la propia Policía, involucra también al mayor Omar Cabrera y al capitán Rodolfo Ramírez, asistentes del exdirector. Gutiérrez asumió responsabilidad al entregar copias del documento al presidente Luis Abinader, al procurador Wilson Camacho y a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), dirigida por Mirna Ortiz. Este contexto histórico resalta tensiones previas en Digesett, donde reportes pasados han señalado irregularidades financieras similares, aunque sin cifras exactas verificadas públicamente hasta esta auditoría.
Los gremios consideran arbitrario exigir garantía económica a Gutiérrez sin leer sentencia, programada para el 22 de marzo. Anunciaron apelación inmediata para corregir lo que llaman violación de derechos.
Opiniones y llamados a la acción
- Luis Pérez (CDP): Exigió respeto a principios constitucionales de libertad de prensa.
- Nelson Gutiérrez: Ratificó veracidad de la auditoría como base de sus publicaciones.
- Olivo De León (MMV): Alertó sobre riesgos al periodismo investigativo.
Expertos en derecho constitucional dominicano han señalado en debates previos que medidas como estas podrían chocar con el artículo 49 de la Constitución, que protege la libertad de expresión. Estadísticas del CDP indican que en 2025 se registraron al menos 15 casos similares de presiones judiciales a periodistas.
Este abuso de poder denunciado pone en jaque la independencia periodística en República Dominicana, donde el gremio unido busca salvaguardar su rol fiscalizador. Los implicados esperan justicia en apelación, mientras el caso de Patricia Padilla genera debate nacional sobre límites entre autoridad judicial y derechos informativos.
