Divorcio entre ricos termina con castigo a abogados dominicanos
Un divorcio entre ricos ha derivado en la suspensión profesional de tres abogados dominicanos vinculados a María Amelia Hazoury. El Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) emitió la sentencia TDH-014-2026, imponiendo un año de sanción por graves violaciones éticas.
Sentencia del CARD contra abogados dominicanos
El jurista Dionisio Ortiz Acosta reveló los detalles. Los afectados son Lilia María Fernández León, Mariel María León Lebrón y Joel del Rosario Alburquerque, de la firma León & Raful. Se les halló culpables de infringir los artículos 1, 2, 3 y 4 del Código de Ética del Profesional del Derecho. Estas faltas incluyen actuaciones procesales ilegales, ratificadas por fallos previos de tribunales dominicanos.
Contexto del caso de abogados dominicanos
El litigio surge del divorcio entre María Amelia Hazoury, hija del empresario Abraham Hazoury, y Juan Rafael Llaneza. Este proceso de separación de bienes ha paralizado la entrega de 400 viviendas en un proyecto habitacional en La Romana, dejando a cientos de familias en espera tras haber pagado sus unidades.
Impacto del divorcio entre ricos en proyectos inmobiliarios
El conflicto judicial bloquea avances en el desarrollo, afectando a trabajadores que invirtieron sus ahorros. Ortiz Acosta denunció maniobras irregulares que prolongan el caso, pese a resoluciones judiciales anteriores. Este episodio resalta tensiones en divorcios de alto perfil, donde disputas por bienes millonarios generan repercusiones sociales amplias.
Antecedentes éticos en la abogacía dominicana
- El CARD vela por el cumplimiento estricto del código ético, con sanciones que van desde amonestaciones hasta inhabilitaciones permanentes.
- Casos similares han involucrado suspensiones por litigiosidad maliciosa o deslealtad procesal.
- En 2026, el tribunal ha procesado al menos una decena de quejas por irregularidades en divorcios complejos.
Expertos en derecho familiar señalan que estos divorcios entre élites exponen fallas sistémicas. La suspensión de estos abogados dominicanos refuerza la necesidad de integridad profesional, especialmente cuando afectan a terceros inocentes como las familias de La Romana.
Reacciones públicas destacan desigualdades: mientras unos celebran que ‘la justicia funciona con dinero’, otros lamentan cobros excesivos en procesos similares, como el 30% de bienes reclamados por algunos letrados. Este divorcio entre ricos pone en jaque la credibilidad de ciertos abogados dominicanos, recordando que la ética prevalece sobre intereses privados.
