El Centro Juan XXIII ha destacado que los partidos políticos pueden ser incluidos como sujetos obligados bajo la Ley 155-17 sin necesidad de reformar la norma. Según explican, el artículo 33 de la ley faculta al Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) para designar entidades de riesgo, lo que permite incorporar a los partidos sin pasar por el Congreso.
Fortalecer la transparencia electoral
La propuesta surge en un contexto de creciente preocupación por la incursión de dinero ilícito en la política. El Centro Juan XXIII considera fundamental que los partidos sean sujetos obligados para garantizar la transparencia y la integridad del sistema democrático. Esta medida permitiría un control más estricto sobre el origen de los fondos utilizados en campañas y actividades partidarias.
Proceso inmediato y sin reforma legislativa
El organismo propone que la Junta Central Electoral solicite al CONCLAFIT la inclusión de los partidos como sujetos obligados, y que el CONCLAFIT emita una resolución para incorporarlos. Este procedimiento no requiere aprobación legislativa y puede implementarse en poco tiempo, evitando retrasos que afectarían la efectividad de los controles en el próximo certamen electoral.
Responsabilidad de la Junta Central Electoral
La Junta Central Electoral, según la Ley Electoral y la Ley de Partidos, será la entidad encargada de supervisar a los partidos como nuevos sujetos obligados bajo la normativa de lavado de activos. Esta supervisión permitirá monitorear el cumplimiento de los requisitos de transparencia y reporte de operaciones sospechosas.
Apoyo ciudadano y exigencia de transparencia
El Centro Juan XXIII invita a la ciudadanía y a los partidos políticos a apoyar esta medida y a exigir transparencia en el financiamiento político. La inclusión de los partidos como sujetos obligados es vista como un paso clave para combatir la corrupción y fortalecer la confianza en las instituciones democráticas.
La propuesta del Centro Juan XXIII busca que los partidos sean sujetos obligados sin reformar la Ley 155-17, aprovechando los mecanismos existentes para agilizar el proceso y garantizar la integridad del sistema político. La medida responde a la necesidad de controlar el ingreso de dinero ilícito y fortalecer la transparencia en el financiamiento de los partidos, una demanda creciente de la sociedad dominicana. Ser sujetos obligados permitirá a los partidos demostrar su compromiso con la transparencia y la lucha contra el lavado de activos, fortaleciendo así la confianza en la democracia. La inclusión de los partidos como sujetos obligados es un paso fundamental para proteger la integridad del sistema político y garantizar elecciones limpias y transparentes.
