El Ministerio Público ha solicitado 20 años de prisión para Adán Cáceres Silvestre, 15 años de cárcel para la pastora Rossy Guzmán Sánchez y 5 años para Raúl Girón Jiménez en la fase final del caso Coral. Este proceso judicial expone una de las redes de corrupción más extensas en la historia reciente de República Dominicana, con desvíos millonarios de fondos públicos.
Roles clave en la red de corrupción del caso Coral
Adán Cáceres, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), lideró según la acusación una estructura que sacó recursos de entidades militares y policiales. Utilizó su cargo para mantener operaciones fraudulentas durante años, creando nóminas fantasma y contratos simulados que causaron pérdidas al erario por cientos de millones de pesos.
La pastora Rossy Guzmán, apodada “la Pastora”, participó en el ocultamiento y lavado de activos. Manejo fondos ilícitos mediante transacciones financieras y compras patrimoniales para simular legalidad, integrando el dinero sucio en circuitos aparentemente legítimos.
Colaboración eficaz reduce pena de Raúl Girón en caso Coral
Para Raúl Girón Jiménez, el fiscal pide solo 5 años gracias a su colaboración eficaz. Como delator clave, reveló detalles que apuntaron a otros miembros y fortalecieron pruebas contra los cabecillas, aunque no evade del todo su responsabilidad en los hechos iniciales.
Contexto histórico y gravedad del caso Coral
El caso Coral surgió en 2020 tras Operación Coral, destapada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). Implica a más de 20 procesados, con evidencias de sobornos, licitaciones amañadas y desvíos por RD$1,500 millones aproximados. Expertos en anticorrupción destacan su impacto en la confianza pública hacia fuerzas armadas.
- Desvíos vía empresas pantalla ligadas a militares.
- Pruebas incluyen transferencias bancarias y testimonios de insiders.
- Juicio avanza a sentencia en semanas, bajo presión por transparencia.
El Ministerio Público enfatiza la gravedad de los hechos, continuidad delictiva y daño económico al Estado. Este caso Coral marca precedente en lucha contra corrupción en altos mandos de seguridad nacional, con llamados de veeduría ciudadana para veredicto justo. En el caso Coral, las pruebas presentadas subrayan la necesidad de penas proporcionales.
