La marcha de la Fuerza del Pueblo celebrada el domingo 30 de noviembre ha levantado un debate jurídico-político debido a que podría constituir una violación a la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, Ley 33-18. Esta normativa regula estrictamente los períodos y condiciones para actos proselitistas en el país, con el objetivo de garantizar equidad y orden en el proceso electoral dominicano.
Según el artículo 78, numeral 8, de esta ley, cualquier actividad política que se realice fuera del tiempo oficial permitido puede ser sancionada por la Junta Central Electoral (JCE), incluida la posibilidad de declarar inadmisible la candidatura del partido o del aspirante involucrado. La marcha de la Fuerza del Pueblo, que contó con pancartas, banderas y afiches claramente identificados con el partido y su posible candidato presidencial, es interpretada por algunos expertos como un acto proselitista anticipado, fuera del tiempo oficial para propaganda política.
Regulación vigente y antecedentes
Los reglamentos reglamentarios aluden a que durante la llamada «veda electoral» y antes del inicio formal de la precampaña política, prevista para el 2027, están prohibidos actos como mítines, marchas o publicidad en medios que tengan intención electoral, más allá de actividades internas del partido.
Este aspecto fue recordado previamente en febrero de este mismo año, cuando la JCE advirtió a todas las organizaciones políticas en la República Dominicana que los actos proselitistas anticipados serían objeto de sanción, estableciendo claramente que la precampaña electoral inicia en 2027.
Declaraciones y repercusiones políticas
En medio de la marcha, el expresidente Leonel Fernández emitió un discurso en el que expresó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) debería «recoger las maletas», anticipando una victoria en primera vuelta por parte de la oposición.
Este tipo de manifestaciones públicas con tonos proselitistas que se encuentran fuera del marco temporal regulado reavivan el debate sobre el cumplimiento de la Ley de Partidos y las responsabilidades de la JCE para salvaguardar la transparencia y la legalidad del proceso electoral.
Aspectos críticos y desafíos jurídicos
El uso de espacios públicos para mostrar símbolos, eslóganes y figuras políticas fuera de tiempo formal implica un desafío para la autoridad electoral y las fuerzas políticas que intentan capitalizar apoyo desde antes del calendario oficial.
Es fundamental analizar si la marcha de la Fuerza del Pueblo es una simple manifestación política o un acto de campaña anticipado que puede vulnerar la ley y, por ende, afectar la legitimidad del proceso que se avecina para 2026-2027 en República Dominicana.
Conclusión sobre la marcha y el cumplimiento de la Ley de Partidos
En definitiva, la marcha de la Fuerza del Pueblo ha vuelto a poner en el centro del debate público el rígido marco legal que rige las actividades políticas en la República Dominicana. La interpretación y aplicación de la Ley de Partidos para estos eventos tiene un impacto directo en la percepción de legalidad de los actos políticos previos a la precampaña, que, por ahora, la Junta Central Electoral establece iniciar formalmente en 2027.
