La Iglesia Católica transparente en el uso de fondos públicos que recibe del Estado dominicano es una exigencia creciente entre juristas. Esta posición surge tras un reportaje de N Investiga, que reveló aportes estatales, exoneraciones y convenios bajo el Concordato de 1954, firmado en la era de Trujillo.
Posiciones a favor de la Iglesia Católica transparente
Brayan Castillo argumenta que la Iglesia Católica transparente debe rendir cuentas por constitucionalidad y confianza pública. En una sociedad digital, transparentar no representa obstáculo, enfatiza. Osvaldo de Oleo añade que los presupuestos asignados generan interés ciudadano en saber su destino exacto.
Feliz Manuela Figuereo Agramonte invoca el artículo 39 de la Constitución sobre igualdad. Critica el Concordato trujillista y pide regulación equitativa para todas las iglesias en beneficios fiscales. Omar Dilone refuerza: en un Estado laico, quien recibe fondos públicos rinde cuentas, sin prerrogativas desiguales.
Una voz disidente en el debate
Ana Rosa de los Santos discrepa. Considera que las ayudas responden a gestiones puntuales de párrocos, similares a cualquier entidad jurídica, sin necesidad absoluta de Iglesia Católica transparente total.
Contexto histórico del Concordato y fondos públicos
El Concordato de 1954 otorga privilegios a la Iglesia Católica, como exoneraciones impositivas y aportes presupuestarios anuales. Datos del Presupuesto General de la Nación 2025 asignan más de RD$500 millones en transferencias directas e indirectas, según informes oficiales. Esto contrasta con el principio laico de la Constitución de 2010, que prohíbe privilegios religiosos.
- Aportes directos: convenios para obras sociales y educativas.
- Exoneraciones: importaciones de bienes religiosos sin IVA.
- Cuestionamientos: manejo en infraestructuras como templos y escuelas.
Expertos en derecho constitucional, como profesores de la UASD, coinciden en que la Iglesia Católica transparente fortalecería la accountability. El debate se intensifica ante demandas de auditorías independientes por la Contraloría General.
Este reclamo por Iglesia Católica transparente refleja tensiones entre tradición y modernidad en la gestión pública dominicana, urgiendo reformas al Concordato para equidad religiosa.
