El Poder Judicial de la República Dominicana respondió a las denuncias de tres juezas que afirmaron haber sido trasladadas de manera ilegal de la Corte de Apelación de Santo Domingo. Según el Poder Judicial, los movimientos están orientados a fortalecer el equilibrio en la distribución de la experiencia jurisdiccional debido a recientes ascensos y cambios de jerarquía en distintos órganos judiciales.
Las juezas Natividad Ramona Santos, Wendy Altagracia Valdez y Pilar Antonia Rufino Díaz denunciaron que fueron trasladadas “inconsultamente” y dieron un plazo de tres días hábiles al Consejo del Poder Judicial (CPJ) para que revoque su decisión. Ellas afirman que los movimientos violan la Ley 327-98 de Carrera Judicial y la garantía constitucional de inamovilidad.
Contexto del traslado
El Poder Judicial sostiene que estas medidas corresponden a una “reconformación” interna de salas en determinados órganos colegiados, y que se tomaron en cuenta las necesidades del servicio y la distribución del trabajo para garantizar el buen funcionamiento de los tribunales. La institución considera que los movimientos no constituyen traslados en los términos previstos por la Ley 327-98 sobre Carrera Judicial, sino reasignaciones en un mismo tribunal.
La situación ha generado un debate sobre la legalidad de los traslados y la garantía de inamovilidad de los jueces. Las juezas afectadas han anunciado que recurrirán a las vías administrativas si el Consejo del Poder Judicial no revoca su decisión.
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