El Gobierno dominicano ha dispuesto la implementación de la firma digital para eficientizar la aprobación de órdenes de pago. Esta medida, respaldada por la Ley 126-02 de Comercio Electrónico, Documentos y Firma digital, busca validar la autenticidad de documentos electrónicos y agilizar procesos administrativos en instituciones públicas.
Autorizada mediante resolución conjunta firmada por el ministro de Hacienda, Magín Díaz; el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund; el contralor general, Geraldo Espinosa, y el tesorero nacional, Luis Delgado, la firma digital se integra al Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y el Gestor de Firma Gubernamental (FIRMAGOB). Díaz destacó que esta iniciativa alinea con la política de burocracia cero impulsada por el presidente Luis Abinader, promoviendo eficiencia y transparencia.
Cronograma y alcance de la firma digital
La puesta en marcha será progresiva, coordinada por el Ministerio de Hacienda, Contraloría General, MAP y OGTIC. Obligatoria para entidades del Gobierno Central, instituciones descentralizadas y autónomas no financieras que operan vía SIGEF, esta firma digital optimizará tiempos de pago y fortalecerá el control interno.
Roles clave en la implementación
- Contraloría usará expedientes electrónicos con firma digital para revisiones y fiscalizaciones.
- Tesorería Nacional ejecutará pagos basados en documentos validados digitalmente.
- Instituciones reportarán métricas como órdenes tramitadas, tiempos de procesamiento e incidencias.
Freund enfatizó que la firma digital eleva la competitividad nacional al reducir trámites de forma segura. Históricamente, el SIGEF, creado en 2004, ha centralizado el control presupuestario, pero demoras en aprobaciones manuales afectaban la ejecución financiera. En 2023, el Estado procesó más de 1.2 millones de órdenes de pago por RD$800 mil millones, según datos oficiales del Ministerio de Hacienda.
Impacto en la gestión pública
Expertos en transformación digital, como consultores de la OGTIC, valoran esta firma digital por su potencial para cortar hasta un 50% los tiempos de aprobación, basado en experiencias similares en países como Chile y Colombia. Fortalece la trazabilidad y auditoría, minimizando riesgos de fraude. La Ley 126-02, promulgada hace dos décadas, ya permitía estas firmas, pero su adopción masiva en pagos públicos marca un hito.
Con esta firma digital, República Dominicana avanza hacia un Estado moderno, donde la eficiencia administrativa beneficia directamente a los ciudadanos y contribuye a la estabilidad económica. La medida no solo acelera pagos a proveedores, sino que eleva estándares de gobernanza digital en la región.