La República Dominicana ha ascendido al Nivel 2 en el más reciente informe de la Embajada de Estados Unidos sobre acciones contra la trata de personas, según informa N.com.do. La clasificación refleja los progresos del Gobierno en la erradicación de este delito, destacando cambios legislativos, mayores investigaciones y mejor asistencia a las víctimas.
Reformas legales alineadas con estándares internacionales
Entre las medidas clave se señala la modificación de la Ley 137‑03, que elimina el requisito de demostrar fuerza, fraude y coacción en casos de trata que involucren a menores de edad. Esta actualización alinea la normativa nacional con los criterios internacionales, especialmente en situaciones de explotación sexual. El mismo proceso contó con la participación de la sociedad civil y sobrevivientes de trata, lo que reforzó su legitimidad.
La Ley 137‑03 se complementa con el artículo 25 del Código de Protección de la Infancia de 2003, que mantiene penas de 20 a 30 años de prisión para la entrega o explotación de menores menores de 18 años. Además, el nuevo Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025‑2028 fue aprobado y financiado con presupuesto nacional.
Procedimientos para personas apátridas y prevención institucional
La Resolución N.º 13‑2024 creó un mecanismo que permite la entrega de tarjetas de identificación a personas apátridas, ampliando el acceso a servicios básicos y protegiéndolos de la vulnerabilidad que la falta de documentos genera.
En el ámbito institucional, se investigaron ocho funcionarios presuntamente cómplices de trata y se inició procesos judiciales contra tres, incluidos efectivos de las fuerzas de seguridad. Esta acción demuestra el firme compromiso con la depuración institucional.
Investigaciones y persecución penal
El sector judicial registró 229 investigaciones por trata de personas y procesó a 50 sospechosos bajo la ley especial. La cifra muestra un repunte significativo en la persecución penal del delito.
Supervisión laboral y registro migratorio
El Ministerio de Trabajo incrementó las inspecciones en sectores vulnerables, como la agricultura, la construcción y la industria azucarera, alcanzando 1 050 inspecciones. Estas visitas permitieron suspender las actividades de 11 empresas privadas por sospecha de trabajo forzoso.
Paralelamente, el programa piloto de registro migratorio formalizó a más de 7 400 trabajadores mediante contratos de trabajo, reduciendo su vulnerabilidad y garantizando su libertad de movimiento.
Atención integral a víctimas y testigos
Se identificaron 136 víctimas, de las cuales 134 recibieron atención integral financiada por el Estado. El paquete incluye servicios médicos, psicológicos, asesoría legal y traducción. El trabajo conjunto entre la Procuraduría, el Ministerio de la Mujer y el CONANI mantuvo la operación de refugios especializados y garantizó la protección continua de víctimas y testigos durante los procesos judiciales.
Adicionalmente, se desarrollaron campañas preventivas multilingües y se capacitaron de manera constante al personal del orden para fortalecer la respuesta integral al delito.
Créditos de la fuente: n.com.do
Nota elaborada de forma automatizada a partir de las fuentes citadas en el texto. ¿Encontraste un error? Escríbenos a [email protected] y lo corregimos.
