Dos diputados de oposición, Charlie Mariotti Jr. y Carlos De Pérez, expresaron su preocupación por la aprobación reciente del Código Procesal Penal en la Cámara de Diputados, argumentando que esta ley vulnera derechos fundamentales y otorga excesivos poderes al Ministerio Público.
Críticas al balance judicial en el Código Procesal Penal
El diputado Charlie Mariotti Jr., miembro del PLD, señaló que el propósito inicial era alcanzar un equilibrio justo en los procesos judiciales, sin embargo, dijo que la mayoría oficialista desvirtuó este intento, creando un desbalance que privilegia al Ministerio Público.
Según Mariotti Jr., la normativa actual vulnera derechos fundamentales al legitimar prácticas cuestionables que durante años han sido evidenciadas como ineficiencias del Ministerio Público, convirtiéndolas ahora en prerrogativas legales. Enfatizó que la visión de un proceso judicial equilibrado quedó desplazada y apuntó a la persistente falta de respeto del gobierno hacia el Congreso Nacional.
Preocupación por los poderes excesivos otorgados
Por su parte, Carlos De Pérez, diputado de la Fuerza del Pueblo, manifestó que, pese a que el proyecto había sido mejorado en la Cámara de Diputados, el oficialismo terminó aprobando un Código Procesal Penal con fallas y errores significativos. Enfatizó que el Ministerio Público recibe poderes excepcionales, convirtiéndose en una autoridad casi absoluta en la persecución del delito.
De Pérez explicó que la ley autoriza al Ministerio Público a hacer acuerdos incluso cuando el proceso está avanzado y le elimina la obligación de leer la acusación completa, lo que a su juicio deja a los acusados en una situación de indefensión. Además, advirtió que esta dinámica podría provocar un aumento considerable de la población penitenciaria, lo que demandaría la construcción de nuevas cárceles.
Contexto y repercusiones del Código Procesal Penal
El Código Procesal Penal se presenta como una reforma para agilizar los procesos judiciales y fortalecer el combate contra la delincuencia. Sin embargo, los cuestionamientos de los diputados se centran en que la ley, en su versión aprobada, sacrifica garantías legales importantes que protegen los derechos de los ciudadanos.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado en ocasiones la necesidad de un equilibrio entre la eficacia en la persecución penal y el respeto a las libertades individuales. El impulso de un Ministerio Público con amplios poderes sin contrapesos adecuados puede amenazar principios básicos como el derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia y la debida defensa.
Implicaciones para el sistema judicial dominicano
Un Código Procesal Penal que vulnera derechos fundamentales podría profundizar las desigualdades en el sistema judicial, afectando especialmente a sectores vulnerables. La concentración de poderes en el Ministerio Público sin mecanismos efectivos de supervisión podría traducirse en decisiones arbitrarias y procesos judiciales poco transparentes.
Los debates en torno a esta legislación reflejan la tensión entre la necesidad de combatir la criminalidad y el imperativo de proteger garantías constitucionales. Los diputados que advierten sobre la vulneración de derechos fundamentales instan a revisar y corregir la ley para restablecer el equilibrio y asegurar procesos judiciales justos.
El Código Procesal Penal vulnera derechos fundamentales y genera preocupación nacional
En definitiva, la aprobación del Código Procesal Penal ha generado un rechazo entre sectores de la oposición que consideran que se vulnera derechos fundamentales, al conferir poderes casi ilimitados al Ministerio Público. El debate continúa abierto mientras crecen las expectativas para que se adopten ajustes que restituyan el equilibrio en el sistema procesal y garanticen la protección de los derechos ciudadanos.
