El caso SeNaSa, conocido como Operación Cobra, revela cómo Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Servicios de Salud, favoreció al Grupo Read con contratos que superan los RD$22 mil millones. Este caso SeNaSa pone en jaque las leyes de la República Dominicana para evitar la corrupción, al mostrar estados contables manipulados sin detección en análisis financieros.
Manipulación de contratos y ausencia de bloqueos automáticos
En el caso SeNaSa, se entregaron miles de millones a empresas privadas del régimen subsidiado sin que sistemas de control lo impidieran. La investigación de la Procuraduría destaca que, pese a intentos delictivos, los mecanismos previstos en la ley no activaron alertas. Esto cuestiona la efectividad de herramientas como análisis verticales y horizontales, que debieron identificar irregularidades de inmediato.
Leyes clave que fallaron en el caso SeNaSa
Código Tributario y facultades de inspección
El Código Tributario (Ley 11-92) otorga a la Administración Tributaria poderes amplios de inspección y fiscalización, incluyendo revisiones de libros y documentos. Sin embargo, en el caso SeNaSa, estas facultades no evitaron la evasión de controles, permitiendo un desfalco estimado en RD$16 mil millones.
Ley 10-07 y Contraloría General
La Ley 10-07 crea el Sistema Nacional de Control Interno, con la Contraloría General como rector. Su rol incluye evaluar el manejo de recursos públicos, pero el caso SeNaSa evidencia omisiones en auditorías de calidad, obligatorias cada tres años. Esta brecha facilitó la falsificación de información financiera.
Ley 18-24 de la Cámara de Cuentas y Ley 47-25 de Contrataciones
La Ley 18-24 establece el Sistema Nacional de Control y Fiscalización para promover transparencia. Por su parte, la Ley 47-25 rige contrataciones con principios como economía, eficiencia e imparcialidad. Ambas fallaron en el caso SeNaSa, donde contratos monopólicos violaron libre competencia y planificación.
- Prisión preventiva de 18 meses para Santiago Hazim y otros seis implicados, dictada por el juez Rigoberto Sena Ferreras.
- Arresto domiciliario para Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, con impedimento de salida.
- Revisión de medidas el 11 de marzo de 2026.
El Ministerio Público, liderado por Wilson Camacho y Mirna Ortiz de Pepca, presentó pruebas sólidas. Antecedentes muestran que SeNaSa arrastra reclamaciones por más de RD$20 mil millones al cierre de 2024, agravando el panorama de corrupción en salud pública dominicana. Expertos en control interno señalan que auditorías independientes cada tres años no bastan sin ejecución rigurosa. Este caso SeNaSa urge reformas para fortalecer fiscalización y prevenir futuros desfalcos en la República Dominicana.
