La titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Fuerza del Pueblo, Josefina Reynoso, solicitó formalmente a la Cámara de Cuentas una auditoría al gasto de la reforma policial que cubra el Fideicomiso para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional (FTPN) y todos los recursos públicos destinados al proceso entre 2021 y 2026 .
Esta solicitud surge mientras el Gobierno impulsa un nuevo proyecto de ley de reforma, pero antes de iniciar una nueva etapa, el país necesita respuestas sobre la anterior. Después de seis años de anuncios y inversiones multimillonarias, los dominicanos requieren conocer el costo real de la reforma policial y los resultados verificables obtenidos.
¿Cuánto se ha invertido en la reforma policial?
Según datos recientes, la modernización de la Policía Nacional entre 2024 y 2025 supuso una inversión de RD$8.389,8 millones . A pesar de esta cifra, la percepción de inseguridad permanece como una de las principales preocupaciones de la población, y los hechos de violencia continúan generando dudas sobre el impacto real de la inversión.
Transparencia exigida en la auditoría al gasto de la reforma policial
Josefina Reynoso considera indispensable que la Cámara de Cuentas determine: el monto total invertido en la reforma policial (2021-2026), los recursos ejecutados mediante el FTPN, el destino de esos fondos, el grado de ejecución de los proyectos, el cumplimiento de objetivos y la correspondencia entre inversión y resultados institucionales.
La rendición de cuentas como obligación constitucional
Reynoso afirmó que “la transparencia no puede comenzar cuando conviene ni terminar cuando se anuncian nuevas leyes”. Si el Gobierno sostiene que desarrolla una reforma efectiva durante seis años, debe rendir cuentas sobre el uso de los recursos recibidos, las metas cumplidas y por qué la ciudadanía no percibe una transformación proporcional a la inversión realizada.
La dirigente reiteró que esta solicitud es un ejercicio legítimo de fiscalización democrática y defensa del interés público. Los recursos de la reforma policial pertenecen al pueblo dominicano, no al Gobierno de turno.
En conclusión, la auditoría al gasto de la reforma policial no debilita las instituciones; las fortalece. La rendición de cuentas es una obligación constitucional frente a todos los dominicanos, y la transparencia es fundamental para garantizar que la inversión pública genere transformaciones concretas. El pueblo exige conocer cómo se administran los fondos, en qué se invierten y qué resultados han producido la reforma policial en los últimos años.
