La corte ordenó el pago de una fianza y comparecencias periódicas como medidas cautelares hacia Judith Santana de Castillo, empresaria detenida en los operativos contra una red de narcotráfico y lavado de dinero, cuyas actividades ilícitas incluían la posesión ilegal de armas y fueron objetivos de la operación RANA en julio, enfocada en la red narcotraficante de la provincia La Altagracia.
La Procuraduría General de la República comunicó el miércoles que, tras aceptar la petición de medidas de coerción formulada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo junto a la Fiscalía de La Altagracia, la jueza Francis Reyes estableció para Santana de Castillo un aval económico de 10,000 pesos y comparecencias regulares en la fiscalía de La Altagracia.
Al registrar la empresa Motopréstamo Ricardo SRL, co-gerenciada por Santana de Castillo, se confiscó una pistola de calibre 9 milímetros, identificada como propiedad de un exconvicto relacionado con delitos de narcotráfico según los archivos policíacos, lo que sucedió en el marco de una investigación financiera asociada a esta operación.
Las acciones de la operación RANA llevaron a la incautación y registro de propiedades vinculadas a Rigoberto Castillo Santana y a los arrestos de José Padua Castillo y Robert Montás Ruiz, quienes fueron capturados en flagrancia y actualmente se encuentran recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-Anamuya) en Higüey.
Estos arrestos se produjeron el 18 de julio cerca del parque nacional Cotubanamá, en la carretera Bayahibe-Dominicus, dentro del municipio de San Rafael del Yuma, donde se decomisaron 6 kilogramos de cocaína hidroclorada.
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