Santiago.- La firma legal Ulloa & Asociados ha expresado su preocupación por el hecho de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) haya dejado en una situación de incertidumbre el caso número 00-4-2024-PRAD-00002. Este caso está relacionado con una petición de declinación por sospecha legítima presentada por Victorino Antonio Hernández ante el pleno de la Suprema contra los jueces del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este, en Seibo.
“La petición para la declinación, que se presentó en enero, no ha sido considerada hasta el momento”, destaca un comunicado de Ulloa & Asociados.
Destacan que, a pesar de la seriedad de las acusaciones presentadas, el procedimiento en la Suprema Corte de Justicia ha sido ignorado, dejando el proceso en una situación de incertidumbre legal. Debido a esto, ningún tribunal tiene la capacidad de abordar el caso de Hernández hasta que la Suprema Corte determine a qué jurisdicción enviar el expediente.
Se menciona que la Suprema Corte de Justicia tiene la autoridad, cuando considera dicha solicitud de declinación, de asignar el caso a alguno de los Tribunales Superiores de Tierras restantes, ya sea el de la región Nordeste, el Norte, o el Tribunal de Tierras del Departamento Central para continuar con el proceso.
Ulloa & Asociados ha denunciado que Victorino Antonio Hernández fue víctima de una conspiración organizada por una red de comerciantes y especuladores inmobiliarios que, en complicidad con ciertos operadores judiciales, lo despojaron de su propiedad, específicamente la parcela 67-B-4-484, en el municipio de Higuey.
Se señala que en la sentencia número 2020-00215, fechada el 8 de julio de 2020, y emitida por el juez Manuel de Jesús Ceballos, se dispone curiosamente: a) reasignar la propiedad a Diego Calderón Mercado (propietario original), pese a haber sido transferida en cinco ocasiones anteriores, sin demandas a ninguno de los propietarios posteriores, incluyendo al Sr. Hernández (último propietario), y b) reconocer un supuesto acto de venta del 30 de mayo de 2006 (realizado en el año 2020) por el cual Calderón Mercado “vende” a Inversiones Tropicaribe SAS el mencionado inmueble, sin haber registrado dicho acto ante la Dirección General de Impuestos Internos ni el Registro de Títulos de Higuey, ordenando así la transferencia del inmueble de Hernández a Inversiones Tropicaribe S.A.S.
Ulloa & Asociados aclara que esta no es la primera vez que el juez Manuel de Jesús Sánchez Ceballos enfrenta acusaciones de este tipo, lo que ha resultado en varias querellas disciplinarias contra él. Actualmente, se espera la decisión sobre el expediente número 2021-010538, que contiene una querella disciplinaria contra el magistrado Sánchez Ceballos.
“Las acciones del magistrado mencionado se suman a las de la magistrada Keila Elizabeth González Belén y otros jueces del Tribunal de Tierras del Departamento Este. Esto llevó a Victorino Antonio Hernández a presentar ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia una solicitud de declinación por sospecha legítima contra los jueces del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este”, finaliza la declaración de Ulloa y Asociados.
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