Aun no alcanzando los dos meses del presente mandato presidencial, el ejecutivo se moviliza junto a su dominante fuerza en el congreso para emprender tres reformas cruciales de manera inmediata: fiscal, laboral y, especialmente, la Constitucional. El 26 de agosto, el gobierno presentó un proyecto para actualizar el Código de Trabajo, que no ha visto cambios en 32 años. Esta modernización, impulsada por la administración Abinader, busca adaptarse a la nueva realidad laboral que incluye el trabajo a distancia o teletrabajo, popularizado tras la pandemia del COVID-19.
La reforma laboral también persigue incrementar las vacaciones para empleados con más de tres años de servicio, duplicar la licencia por paternidad y mejorar las condiciones del trabajo doméstico. Se aguarda por ver si el gobierno cederá frente a las demandas empresariales para modificar el régimen de cesantía en beneficio de los trabajadores. A pesar de que una comisión tripartita se reúne para consensuar los cambios, existen varios temas pendientes que se analizarán más adelante en otra reflexión.
La muy probable reforma Constitucional, ya aprobada por el Senado, plantea la convocatoria a una Asamblea Nacional Revisora para tratar tres puntos: mayor independencia del Ministerio Público, reducción de diputados y unificación de elecciones municipales, congresuales y presidenciales. Aunque inicialmente se focalice en estos aspectos, los miembros de la asamblea podrían cambiar otros artículos constitucionales favoreciendo a la mayoría perremeísta en ambas cámaras, tema que se profundizará en futuros análisis acerca de los matices de esta reforma, presumiblemente bajo total responsabilidad del partido gobernante.
Historicamente, las reformas fiscales han implicado incrementos en el ITBIS o la inclusión de nuevos bienes y servicios exentos de este impuesto, el Selectivo al Consumo y al Patrimonio Inmobiliario (IPI), asfixiando aún más las débiles economías de los menos acomodados ya que no se ha enfocado en imponer el impuesto sobre la renta a las grandes fortunas de la clase adinerada, quienes deberían soportar la carga de la reforma fiscal planeada. Se profundizará sobre este punto y sus impactos en una futura publicación.
Optimismo excesivo del poder ejecutivo podría comprometer el soporte electoral logrado recientemente, al emprender estas reformas que afectarán los ámbitos político, social y económico de los ciudadanos, provocando posiblemente una notoria caída en la popularidad del Presidente Luis Abinader y su partido.
El gobierno, buscando, anticipadamente mitigar el impacto de estas medidas, confía en la corta memoria de la población, que con el tiempo se adapta. Sin embargo, cabe preguntarse cómo responderá la ciudadanía y si emergirá una oposición capaz de unificar sus criterios para enfrentar seriamente al gobierno, con vistas a los próximos comicios en 2028. Este es el gran interrogante que prevalece.
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