En 2023, la República Dominicana hizo “avances mínimos” en la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, a pesar de sus intentos de abolir esta práctica, conforme a un reporte emitido por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.
Este limitado progreso se atribuye, en parte, a las barreras en el acceso a la educación enfrentadas por “un número significativo de niños sin documentos de identidad o residencia” en la nación, lo cual incrementa su riesgo de caer en el trabajo infantil.
Principalmente, niños de procedencia o descendencia extranjera se encuentran entre los más afectados al ser excluidos de servicios sociales, lo que incluye el acceso a programas gubernamentales de capacitación profesional y esfuerzos para disminuir la pobreza. Específicamente, el informe señala que numerosas personas nacidas en República Dominicana de padres haitianos siguen sin tener documentación oficial debido a dictámenes judiciales.
Adicionalmente, el estudio indica que el país enfrenta desafíos significativos en la implementación efectiva de las leyes, incluyendo la falta de recursos humanos y financieros para las entidades encargadas a nivel laboral y penal, así como la limitada autoridad de los inspectores de trabajo para imponer sanciones directas por infracciones de las normativas laborales.
También critica que las leyes dominicanas contra la trata de menores son insuficientes, ya que demandan la presencia de “amenazas, uso de fuerza o coerción” para configurar un delito, y sugiere modificaciones al respecto.
A pesar de los intentos por combatir las peores formas de trabajo infantil, como la inclusión de 14 nuevas categorías de actividades peligrosas e insalubres prohibidas para menores de 18 años, incluido el trabajo doméstico, y la firma de un acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General para una mejor coordinación, el trabajo infantil sigue siendo un problema.
El documento expone que en la República Dominicana, “niños son expuestos a las peores formas de trabajo infantil, incluyendo explotación sexual comercial, en ocasiones resultado de la trata de personas” (especialmente aquellos en zonas turísticas son muy vulnerables), y también se involucran en labores peligrosas en el sector agrícola.
Se menciona, además, el trabajo forzoso en el servicio doméstico, la construcción, la venta ambulante, la mendicidad, y la participación de menores en actividades ilícitas, como el tráfico de drogas.
Entre las recomendaciones del departamento estadounidense, se encuentran asegurar que las legislaciones contra la trata de niños no requieran la presencia de “amenazas, uso de la fuerza o coerción” para su constitución como delito, penalizar el reclutamiento de menores por bandas armadas, incrementar el número de inspectores laborales y establecer un mecanismo para verificar la edad de los jóvenes empleados a fin de proteger adecuadamente a los menores sin certificados de nacimiento, entre otras medidas.
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