Al tomar posesión, el presidente Luis Abinader se comprometió a promover una ambiciosa agenda de reformas nacionales con el fin de llevar a cabo una modernización profunda de la República Dominicana.
Doce reformas fueron identificadas inicialmente, pero la lista aumentó a dieciséis tras incluir propuestas de diversos sectores.
Las reformas abarcadas por las discusiones del Consejo Económico y Social para el fortalecimiento institucional y una gestión estatal eficiente comprenden 16 áreas clave: agua, educación, electoral, eléctrica, fiscal, de hidrocarburos, laboral, medioambiental y de cambio climático, reforma y modernización de la Administración Pública, política exterior, migración, salud, seguridad ciudadana, reforma policial, seguridad social, transformación digital, transparencia, institucionalidad y transporte.
Recientemente, el presidente ha añadido una reforma constitucional, anunciada en el inicio de su segundo mandato, oportunidad en la que también se establecieron las fechas para las demás reformas.
Franklin Romero, senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), afirma que Abinader tiene suficiente tiempo en los próximos cuatro años para llevar a cabo estas reformas. Según él, el elemento crítico para su aprobación es mantener la actual mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados.
Romero destaca la importancia de la reforma que busca evitar futuras modificaciones a las reglas de elección presidencial, lo que según él, apunta a evitar la prolongación indefinida del poder.
Sin embargo, Tobías Crespo, diputado por la Fuerza del Pueblo, argumenta que no hay suficiente voluntad política para hacer realidad estas reformas.
Crespo señala la reforma fiscal como una supuesta prioridad escondida detrás de la propuesta de reforma constitucional.
Al comentar sobre la reforma fiscal, Romero la considera “esencial y necesaria para adaptarse a los nuevos tiempos y pensar en futuras generaciones”.
Crespo, por otro lado, duda de la capacidad del gobierno para completar las 16 reformas propuestas.
Crespo critica al gobierno calificándolo de superficial y centrado en una imagen pública favorable más que en logros sustanciales.
Romero reconoce el desafío pero enfatiza que tener la mayoría es crucial para cualquier reforma o proyecto de ley, mientras que la oposición siempre cumplirá su función.
Crespo propone una reforma a la canasta básica para hacer los productos de primera necesidad más accesibles a la población.
Frente a esto, Romero defiende los esfuerzos del gobierno para controlar el precio de la canasta básica mediante aumentos salariales y programas sociales.
Al abordar la reforma policial, Crespo argumenta que cuatro años no han sido suficientes para lograr avances significativos, criticando la falta de acción frente a la inseguridad ciudadana.
Romero sostiene que la reforma policial es un proceso en marcha, destacando que cambiar una institución con décadas de historia toma tiempo y esfuerzo.
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