La Fiscalía de Santiago junto con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas efectuaron el arresto y procesamiento legal del individuo responsable de conducir un vehículo donde fallecieron 13 haitianos indocumentados, incluidos dos menores, después de volcarse y precipitarse al canal de riego Cañeo, ubicado en el municipio Esperanza de la provincia Valverde.
El Ministerio Público ha solicitado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago la aplicación de prisión preventiva como medida cautelar para Víctor Valentín Álvarez Tapia (Valentín).
Álvarez Tapia resulta ser un miembro destacado de una red de criminalidad organizada transnacional, enfocada en el tráfico ilícito de migrantes, particularmente de haitianos sin documentación legal. Esta red fue desmantelada por la Fiscalía y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas a finales de abril de este año, tras identificar, detener y aplicar medidas cautelares a la mayoría de sus miembros.
Gracias a la vigilancia de comunicaciones y otras estrategias de investigación, el Ministerio Público confirmó la participación de Álvarez Tapia en el siniestro del 6 de agosto del 2023, en el cual perecieron al menos 13 haitianos indocumentados, entre ellos nueve hombres, dos mujeres y dos niños (uno de 3 meses y otro de 4 años), después de que el acusado perdiera control de su Toyota Runner blanco y este se desplomara en las aguas del canal Cañeo, en Peñuela, municipio Esperanza, provincia Valverde.
La petición de medidas cautelares presentada por la Fiscalía de Santiago ante el Juzgado de Atención Permanente indica que esta organización facilitaba el cruce irregular y terrestre de haitianos a través de la frontera dominico-haitiana por Dajabón hacia la provincia Valverde.
Desde este punto, movían grupos de indocumentados hasta Navarrete, donde Álvarez Tapia, hijo de Ramona Salvadora Tapia Flores también imputada, se encargaba de alojar a los migrantes en viviendas, cuarterías, terrenos vacíos, entre otros, para posteriormente coordinar su traslado hacia Santiago y otras ciudades del país, cobrándoles por este servicio cantidades que oscilan entre los $8,000 y $17,000 pesos dominicanos.
Esta estructura acumuló bienes materiales derivados de las ganancias obtenidas de su actividad ilícita, incluyendo vehículos, casas, terrenos y otras propiedades.
Álvarez Tapia se enfrenta ahora a cargos provisionales por infracción a los artículos 2 y 7 (literales C, D y E) de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; y el artículo 2 (numeral 11), 3 (letras A, B y C) de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, todo ello en detrimento del Estado dominicano.
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