Santo Domingo.- El antiguo presidente de la República Dominicana y líder del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, retomó sus encuentros conocidos como «La Voz del Pueblo», en los que realizó declaraciones importantes sobre la actualidad del país, alertando sobre serios peligros para la seguridad nacional y la privacidad de los individuos.
En un evento en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, Fernández trató el caso controvertido entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la firma Transcore Latam.
Fernández expuso que, pese a la cancelación del contrato con Transcore Latam en 2023 por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) a raíz de irregularidades significativas, esta entidad seguía operando en circunstancias dudosas. Esta situación ha llevado a problemas de gestión notables, como el fallo general de la red de semáforos en el Distrito Nacional.
El ex jefe de estado cuestionó cómo una empresa descalificada podía seguir recibiendo pagos y controlando una infraestructura vital, como son las cámaras de seguridad desplegadas en varios cruces de la ciudad, incluyendo zonas críticas como el Palacio Nacional.
«¿Cómo es que una compañía privada encargada únicamente de gestionar el tráfico tiene también la facultad de monitorear teléfonos móviles y manejar datos delicados?», indagó el dirigente de la oposición.
En sus palabras, el expresidente señaló las posibles repercusiones de este asunto en cuanto a la privacidad de los dominicanos, resaltando que las cámaras colocadas podrían estar llevando a cabo vigilancia de gran alcance.
«No es aceptable que cámaras en puntos estratégicos no solo detecten vehículos sino también celulares, constituyendo una infracción al derecho fundamental a la privacidad», mencionó Fernández, haciendo referencia al artículo 44 de la Constitución que asegura la intimidad y el honor de las personas.
Fernández también destacó que ciertos cruces con cámaras, tales como las avenidas Winston Churchill, están conectadas a redes privadas de fibra óptica que podrían facilitar la filtración de datos personales hacia entidades no reguladas. Esta condición, expresó, pone a la gente en mayor riesgo ya que los dispositivos podrían usarse para espiar a la población en general, incluyendo altos oficiales de gobierno.
Además, el exdirigente recordó el hallazgo en 2024 de emisiones de radiofrecuencia no autorizadas desde edificaciones manejadas por el INTRANT, las cuales se sospecha que se utilizaban para rastrear ubicaciones de personas mediante teléfonos móviles, lo cual describió como una “flagrante violación” a la privacidad.
“¿Qué clase de operaciones encubiertas están sucediendo bajo la protección del Estado? Esto es un tema de seguridad nacional”, declaró preocupado.
El presidente de la Fuerza del Pueblo también llevó al debate la preocupación de que esta red de vigilancia pudiera estar implicada en proyectos futuros del estado, como la actualización de la cédula de identidad o la introducción del pasaporte biométrico electrónico.
«No podemos tolerar que empresas con historiales dudosos gestionen información tan sensible», argumentó, refiriéndose a los riesgos que esto conllevaría para la integridad del proceso electoral y la seguridad de los ciudadanos.
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