Leonel Fernández insiste en su posición sobre la cuestión de nacionalidad y migración haitiana en su columna “Observatorio Global”
Santo Domingo.- El exmandatario de la República Dominicana y figura clave de la oposición, Leonel Fernández, ha expresado preocupación por lo que considera una seria contradicción en las políticas migratorias implementadas por el gobierno de Luis Abinader. Según lo expuesto en su última columna Observatorio Global, Fernández señala que en el transcurso del año 2024, se han concedido un total de más de 400 mil visas de turismo a haitianos, a pesar de que, oficialmente, los consulados dominicanos en Haití permanecen cerrados.
Tomando como referencia declaraciones del antiguo ministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, Fernández indica que solo en septiembre se procesaron más de 39 mil visas.
“El gobierno del PRM lo ha desmentido, pero es una práctica que persiste hasta la fecha”, declaró el antiguo gobernante, poniendo en duda la consistencia del gobierno respecto al manejo de la migración.
El dirigente de la oposición ha criticado la ambigüedad en la posición de Abinader, quien, por un lado, denuncia la violencia y la crisis en Haití ante la comunidad internacional, pero por otro, promueve una “migración sin restricciones” al autorizar la emisión masiva de visas.
“Resulta alarmante que, mientras se proclama la defensa de la soberanía nacional, el estado facilita la entrada de miles de haitianos en calidad de turistas”, enfatizó Fernández.
Además de su crítica sobre la política de visas, Fernández utilizó su columna para hablar sobre el undécimo aniversario de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que establece los criterios para otorgar la nacionalidad dominicana. El exmandatario refutó las acusaciones de segregación racial y de “apartheid” provenientes de ciertos grupos, incluyendo recientes manifestaciones de descendientes haitianos frente al Palacio Nacional.
Fernández aclaró que la sentencia refuerza el principio de ius sanguinis (derecho de sangre), bajo el cual la nacionalidad se otorga basándose en la ascendencia de los padres dominicanos, y no meramente por el lugar de nacimiento (ius solis). “No se trata de un fallo judicial dirigido a la segregación racial, como fue el caso en Sudáfrica durante la época de Nelson Mandela”, aclaró Fernández, explicando el propósito real detrás de la sentencia.
Ley 169-14: un mecanismo especial para normalizar la situación de los descendientes haitianos
El exmandatario también mencionó el caso de Juliana Deguis Pierre, cuyo rechazo a su solicitud de cédula de identidad llevó a la sentencia. Señaló que la aprobación posterior de la Ley 169-14 ha permitido normalizar la situación de miles en circunstancias parecidas. “La nacionalidad dominicana concedida no fue en virtud de un derecho pleno, sino como resultado de un arreglo legal específico”, aclaró Fernández.
Indicó además que la ley creó un sistema de regularización migratoria para aquellos que no cumplían con los requisitos para la ciudadanía dominicana, dejando en claro que no todos los descendientes de haitianos tienen automáticamente derecho a la nacionalidad dominicana.
Para concluir, Fernández reafirmó su creciente inquietud por cómo el gobierno de Abinader está manejando la migración, en particular respecto a la entrada masiva de haitianos. Para el jefe de la oposición, las estadísticas sobre emisión de visas y la falta de control efectivo plantean interrogantes serios sobre el compromiso real del gobierno con la protección de la soberanía y el marco legal del país.
Es importante recordar que, en relación con este asunto, la reforma constitucional de 2010, impulsada por Leonel Fernández, consolidó la definición de quiénes son considerados dominicanos. En este contexto, en su discurso ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2014, Fernández defendió vehementemente el derecho de autodeterminación del pueblo dominicano. En su alocución, consideró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos excedió su mandato al ordenar a República Dominicana modificar su legislación constitucional sobre la concesión de la nacionalidad.
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