En el próximo mes, los ciudadanos chilenos se disponen a seleccionar a 345 alcaldes y 16 gobernadores regionales en elecciones que son vistas como un indicador anticipado de las elecciones presidenciales de 2025, destacando por un incremento en los índices de criminalidad y por verse afectadas por uno de los casos de corrupción más significativos en la historia reciente de Chile, implicando a la élite nacional.
El arranque oficial de la campaña tuvo lugar el 28 de agosto, aunque la etapa dedicada a la propaganda electoral empezó este viernes, llenando rápidamente las calles y plazas con carteles y pancartas promocionales de los candidatos desde tempranas horas del día.
De manera similar a lo ocurrido en 2021, el proceso electoral se desarrollará a lo largo de dos días (26 y 27 de octubre), sin embargo, a diferencia de la ocasión anterior, este será el primer evento electoral municipal y regional bajo el recién reinstaurado sistema de voto obligatorio, después de un decenio de sufragio voluntario instaurado en 2022.
“Chile se aproxima a estas elecciones bajo un ambiente de escepticismo respecto al sistema. Los partidos políticos enfrentan dificultades para abordar los desafíos más urgentes de la población, aumentando así la brecha entre ambos. No es de extrañar el ascenso de candidaturas independientes”, comentó a EFE Rodrigo Pérez de Arce, investigador del centro Faro de la Universidad del Desarrollo (UDD).
Coalición gobernante unificada frente a una oposición dividida
La extensa y variada coalición que dirige Chile, compuesta por el Frente Amplio del presidente Gabriel Boric, el Partido Comunista y los bloques de centroizquierda, participará de forma conjunta en las municipales.
Esta unión se da junto a la Democracia Cristiana, que, aunque no es parte del gabinete, actúa como aliado en numerosas legislaturas.
Contrariamente, en las elecciones regionales no se lograron acuerdos concretos, lo cual podría obstaculizar la repetición de la victoria contundente de 2021, cuando la izquierda y el centro obtuvieron el control de todas las regiones exceptuando Araucanía, bajo la administración del liberal Luciano Rivas.
“Las fuerzas progresistas deben lidiar con la baja popularidad del gobierno, en especial en temas administrativos y de seguridad. Al menos, deberían aspirar a mantener el control de municipios claves para ellos, como Valparaíso, Ñuñoa, Maipú o Santiago. De lo contrario, anticiparía rostros largos en esa coalición”, señaló Pérez de Arce.
La dispersión y el conflicto son totales en la derecha tanto en elecciones municipales como regionales: los partidos tradicionales reunidos bajo Chile Vamos (Renovación Nacional, UDI y Evópoli) no lograron llegar a un consenso ni con la extrema derecha (Partido Republicano y Partido Social Cristiano) ni con el Partido de la Gente.
Según el exdiputado y analista electoral Pepe Auth, la fragmentación “está impulsada, más allá del objetivo de gobernar regiones, por la necesidad de posicionar liderazgos de cara a las parlamentarias de 2025”.
“La derecha enfrentará dificultades porque no se muestra unida y no adopta una actitud proactiva. Posiblemente, el Partido Republicano sea el principal beneficiario de esta división”, argumentó a EFE Octavio Avendaño, académico de la Universidad de Chile.
Desafíos de seguridad y corrupción en Chile
Chile ha estado experimentando una crisis de seguridad creciente, exacerbada por la presencia del crimen organizado transnacional, convirtiéndose en un tema predominante en la campaña y que podría afectar adversamente a los candidatos oficialistas.
La percepción de inseguridad sigue en aumento y el delito se ha establecido como el mayor motivo de preocupación para los ciudadanos.
“El ánimo en el oficialismo está bajo, nos encontramos en la recta final del mandato con la convicción de que no se pueden implementar tantos cambios como se esperaba, y la batalla contra el delito ha drenado toda la energía del Gobierno”, señaló Jeanne Simone, de la Red de Politólogas y la Universidad de Concepción.
Además, el país se ha visto sacudido por el conocido “Caso Audios”, un escándalo masivo de corrupción y tráfico de influencias que ha llegado a involucrar incluso a la Corte Suprema, con muchos detalles aún por descubrir.
Este caso impacta de manera especial a la derecha tradicional, cuyo principal implicado, el abogado Luis Hermosilla, fungió como asesor en el Ministerio del Interior durante la gestión del ultraconservador Andrés Chadwick, en el segundo mandato de su primo, el expresidente Sebastián Piñera (2018-2022).
“Ante un Gobierno tan debilitado como el de Boric, la derecha no ha conseguido capturar el descontento ciudadano. No ha sabido proponer una agenda alternativa a la confusa agenda del Gobierno, y ahora enfrenta el escándalo del Caso Audios”, destacó a EFE Avendaño.
EFE
Por: Génesis García
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