El lunes 28, en Costa Rica, las autoridades judiciales ejecutaron 28 allanamientos y arrestaron a 7 individuos, incluyendo a la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, vinculados con alegaciones de tráfico de influencias y daños hacia la Hacienda pública en la adjudicación de contratos de servicios de salud.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) está llevando a cabo investigaciones sobre la mayoría de los directores de la Junta de la CCSS que autorizaron la contratación de cooperativas privadas para la gestión de servicios de salud, las cuales presuntamente presentaron sobreprecios y se concedieron contratos por un plazo excesivamente largo.
La investigación se centra en delitos de perjuicio contra la Hacienda pública y tráfico de influencias. Los acusados incluyen, además de la presidenta de la CCSS, a seis altos cargos y exmiembros de la Junta Directiva de la institución, identificados por los apellidos Rojas, Gómez, Araya, Porras, Gutiérrez y Quirós.
Según el Ministerio Público (MP), “hay sospechas de que los acusados invalidaron el procedimiento de licitación que estaba listo para ser anunciado y, en su lugar, pusieron en marcha uno nuevo en el que, aprovechando su posición, ejercieron control e influenciaron a otros empleados para modificar los términos de licitación según los intereses de las cooperativas”, según indica un comunicado del Ministerio Público.
El MP también señaló que las propuestas adjudicadas eran “desorbitadas” y resultaron en un aumento anual de más de 12.400 millones de colones (alrededor de 24 millones de dólares) en comparación con el costo actual del servicio provisto en las mismas áreas de salud bajo condiciones técnicas similares.
Las autoridades judiciales también están investigando si los directivos tuvieron reuniones con los ofertantes, lo que “habría resultado en un beneficio indebido”, y están examinando la duración del contrato adjudicado a 10 años, un período que excede el máximo de cuatro años estipulado por la Ley de Contratación Pública.
La denuncia fue presentada por la Auditoría Interna de la CCSS, según el MP.
David Valverde, el asesor legal de la junta directiva de la CCSS, aseguró que la entidad está colaborando con las autoridades y les ha dado acceso a oficinas y dispositivos electrónicos relevantes.
En Costa Rica, la CCSS es responsable de gestionar todos los centros de salud pública. Sin embargo, en los últimos años, ha contratado a cooperativas de salud privadas para dirigir algunos de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EB), los cuales son establecimientos de atención primaria situados en comunidades y barrios.
La investigación de la Fiscalía cubre 138 EB en las áreas de salud de Pavas, Desamparados, Santa Ana, San Francisco, San Antonio, Tibás, La Carpio, San Sebastián, y Paso Ancho, todas en la provincia de San José (centro), así como San Pablo y Barva, en la provincia de Heredia (centro).
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