La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su alarma el miércoles por la “continua represión” en Nicaragua, denunciando la “persecución religiosa”, el mantenimiento de arrestos “arbitrarios” y las condiciones extremadamente severas para aquellos en prisión.
Frente a esta situación, la CIDH hizo un llamado al régimen de Daniel Ortega para “detener la represión y proceder con la inmediata liberación de las personas detenidas bajo este escenario”.
La CIDH, en su comunicado, reveló que entre el 1 y el 10 de agosto, mediante el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), recabó datos sobre acciones y registros ejecutados por la Policía Nacional en varias residencias eclesiásticas y propiedades de la Iglesia católica en Nicaragua.
A raíz de dichas acciones, 12 sacerdotes y por lo menos dos colaboradoras de la Iglesia católica fueron arrestadas, la mayoría vinculada a las Diócesis de Matagalpa o Estelí, ubicadas en el norte de Nicaragua, lideradas desde el exilio por el obispo excarcelado y despojado de su nacionalidad, Rolando Álvarez.
Este organismo indicó que el 8 de agosto, siete de estos sacerdotes fueron deportados de Nicaragua y enviados al Vaticano tras estar detenidos varios días en el Seminario Nuestra Señora de Fátima, en Managua.
“Desde octubre de 2023, más de 200 figuras religiosas han sido desterradas, expulsadas o se les ha denegado la entrada al país”, señaló.
En total, desde el año 2018, 46 sacerdotes y obispos han sido liberados y expatriados al Estado del Vaticano o a los Estados Unidos, añadió.
Actualmente, otros miembros laicos vinculados con la Iglesia católica permanecen encarcelados, incluyendo colaboradores de Cáritas Estelí, según la CIDH.
En su informe sobre ‘Libertad de Religión y Creencia’, la CIDH destacó que estas acciones son parte de un patrón sistemático de represalias contra la Iglesia católica, por su papel mediador en el diálogo nacional de 2018 y su activismo en denunciar violaciones de derechos humanos en el país.
Además, la entidad autónoma de la OEA observó que la represión y persecución también se ha expandido a comunidades protestantes y evangélicas.
En 2024, de acuerdo con registros del Meseni, el régimen de Ortega ha revocado la personería jurídica de más de 60 iglesias o asociaciones evangélicas.
Además, en abril pasado, la CIDH concedió medidas cautelares en favor de diez personas de la iglesia evangélica ministerio Puerta de la Montaña, quienes se encuentran detenidos bajo condiciones extremas.
Este organismo también aboga por la liberación de al menos 141 opositores o críticos del régimen de Daniel Ortega que están “arbitrariamente privados de libertad, la mayoría bajo condiciones insalubres, reportes de maltratos, sin acceso a agua potable, con alimentación inadecuada y sin atención médica”.
Nicaragua se encuentra en una crisis política y social desde abril de 2018, crisis que se intensificó tras las polémicas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las cuales Ortega fue reelegido para un quinto periodo y cuarto consecutivo, con sus principales adversarios encarcelados, a quienes posteriormente expulsó del país, despojándolos de su nacionalidad y derechos políticos bajo acusaciones de “golpistas” y “traición a la patria”.
FUENTE/ INFOBAE
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