En McAllen, Texas, EE.UU, según la agencia AP, a lo largo de tres jornadas, los colaboradores de una clínica orlandense instaron a una dama aquejada por dolores abdominales, que contactó con su servicio de triaje telefónico, a acudir al centro hospitalario. Su negativa se debió al temor provocado por una normativa vigente en Florida desde 2023, la cual obliga a los centros de salud a verificar si los pacientes cuentan con autorización legal para residir en Estados Unidos.
Dicha clínica se esmeró en aclarar los alcances de esta legislación, integrante del más amplio corpus de medidas migratorias endurecidas impulsadas por el gobernador Ron DeSantis. Mediante carteles, se comunicaba a los usuarios que era posible omitir tal interrogante sin que eso impidiera su atención médica, asegurando que los detalles personales no serían compartidos con las autoridades estatales.
Por su parte, Texas se apresta a experimentar con una disposición análoga enfocada en los hospitales participantes de los programas estatales de salud, Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (Children’s Health Insurance Program). Se prevé su entrada en vigor el 1 de noviembre, anticipándose al desenlace de unas elecciones presidenciales donde la cuestión migratoria figura como tema destacado.
Greg Abbott, el dirigente republicano de Texas, manifestó que “los ciudadanos texanos no deberían soportar el peso de financiar la atención médica de los inmigrantes ilegales”, al dar a conocer su directriz, que, a diferencia de la floridana, exime a los proveedores de informar a los pacientes que su situación no será divulgada a las autoridades.
Ambos estados, hogar de una numerosa población inmigrante -desde individuos sin documentación legal hasta solicitantes de asilo y familias de estatus mixto- presentan índices de cobertura médica inferiores al promedio nacional. A pesar de ello, los estudios indican que los inmigrantes recurren en menor medida y dedican menos recursos al sistema sanitario.
Florida y Texas han marcado precedentes desafiando las políticas migratorias federales mediante la adopción de normas estatales. Sus líderes republicanos alegan que estas medidas legales hospitalarias son una respuesta a lo que perciben como una débil ejecución de las leyes fronterizas por parte de la administración del presidente Joe Biden, aunque reconocen que los primeros análisis sobre Florida son todavía escasos.
Blaise Ingoglia, senador republicano de Florida y promotor del proyecto legislativo para hospitales, describió la norma como “la medida contra la inmigración ILEGAL más estricta y completa a nivel estatal”, sin embargo, no ha emitido comentarios respecto al impacto de la legislación en la comunidad migratoria ni en los internados a AP.
La Agencia para la Administración de Atención Médica de Florida ha reconocido serias limitaciones en su evaluación, admitiendo su desconocimiento sobre el volumen de atención no remunerada brindada a “extranjeros ilegales”.
Esta entidad no ha respondido de inmediato a peticiones de declaraciones adicionales o de más información. Su informe recalcó que, durante la mayor parte de la última década, la cantidad de cuentas impagas y deudas incobrables de los hospitales Floridanos ha disminuido.
Tanto en Florida como en Texas, los individuos que se encuentran en territorio estadounidense de manera ilegal no son elegibles para inscribirse en Medicaid, el programa público de seguros de salud para personas de escasos recursos, excepto en situaciones de emergencia médica.
Diversos elementos pueden influir en el costo de la atención para los indocumentados, apuntan expertos, especialmente la ausencia de cuidados preventivos.
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