Danilo Minaya, secretario de asuntos internacionales del Frente Amplio, señaló que la aprobación de esta medida por parte del presidente Luis Abinader es una clara evidencia del nivel de “servilismo” que caracteriza a este gobierno neoliberal. Afirmó también que esto significa un rompimiento con las históricas relaciones de fraternidad entre Venezuela y República Dominicana, poniendo al gobierno en la posición de tener que justificar esta y otras infracciones a la Constitución que se comprometió a defender y honrar.
Minaya indicó que la entrega del avión representa un claro incumplimiento de las reglas básicas de convivencia pacífica entre los países, normas a las que República Dominicana ha suscrito. Este acto contradice especialmente lo estipulado en la Carta de la ONU de 1945, o Carta de San Francisco.
“La confiscación de la aeronave continúa mostrando el desdén estadounidense y su convicción de que sus leyes tienen alcance extraterritorial, una perspectiva que no se sostiene bajo el derecho internacional. Se comprende que las leyes de cada país son aplicables solo dentro de sus fronteras y cualquier acto fuera de ellas carece de legalidad o efecto. Esta medida es vista como un acto de Piratería Internacional, distante de cualquier fundamento en el derecho internacional público,” afirmó Minaya.
El líder del FA instó a los ciudadanos conscientes a oponerse a esta violación de las normativas y principios que promueven la convivencia pacífica entre naciones, y a denunciar la actitud inconstitucional del gobierno de Luis Abinader por ser cómplice de tal hecho. El conflicto generado por el avión venezolano se suma a las intervenciones del gobierno estadounidense contra la República Bolivariana de Venezuela, tanto antes como después de sus elecciones.
A través de un comunicado de prensa, manifestó que la activa participación del gobierno dominicano contra el gobierno de Maduro evidencia violaciones a las normas internacionales de no intervención contempladas en el derecho internacional, además de constituir una infracción a la Constitución Dominicana. Esta última garantiza el respeto a la soberanía de las naciones y la no injerencia en asuntos internos o externos de cualquier estado.
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