El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI), tras la consulta del Artículo IV correspondiente al año 2024 para la República Dominicana, expresó una valoración positiva hacia la reciente aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Esta normativa es vista como un factor clave para el fortalecimiento continuo de la gestión institucional de las finanzas públicas del país.
“La aprobación y puesta en marcha de la Ley de Responsabilidad Fiscal marca un avance significativo hacia la consolidación fiscal y, por ende, hacia una trayectoria descendente controlada de la deuda. Dicha ley es esencial para intensificar los esfuerzos por una gestión pública de los recursos más transparente y eficaz, optimizar la implantación de políticas a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda estatal”, indicó el FMI.
El informe del organismo subraya que la nación ha podido responder a los retos económicos con éxito debido a la adopción de medidas firmes y el reforzamiento de sus estructuras institucionales.
Se enfatiza particularmente el papel crucial que ha desempeñado la política fiscal, destacando su gestión prudente orientada a asegurar la sostenibilidad de los principales componentes fiscales y favorecer la estabilidad y recuperación económica.
Además, se reconoce que el país ha experimentado un crecimiento económico destacado y resistente a situaciones adversas, acompañado de una inflación controlada a lo largo de las últimas dos décadas.
“Pese a la incertidumbre predominante a nivel mundial, el futuro de la nación se percibe prometedor. Se anticipa que para el año 2024 y años siguientes, el crecimiento del PIB (producto interno bruto) real se mantendrá cerca de su promedio histórico de 5 %, con una tasa de inflación en torno al objetivo establecido (de 4±1 por ciento)”, resalta el documento.
Según el equipo técnico del FMI, es prioritario en el corto plazo focalizar los esfuerzos fiscales en la asignación adecuada del gasto y en la recuperación del margen fiscal. Resaltan la importancia de continuar mejorando la gestión financiera del sector público y de avanzar en el fortalecimiento de la administración de ingresos para consolidar aún más el marco de política fiscal y la eficiencia en el gasto y recaudación.
Destacan la necesidad de llevar a cabo reformas concretas, sobre todo en los sectores fiscal y eléctrico, como la eliminación de exenciones fiscales, la ampliación de la base tributaria y la reducción de subsidios al sector eléctrico y de las transferencias no focalizadas. Esto contribuiría a incrementar los ingresos y a elevar la eficiencia del gasto, generando así un mayor espacio fiscal para inversiones asociadas al desarrollo y fomento del crecimiento inclusivo.
El Directorio Ejecutivo valora las iniciativas en curso para perfeccionar las instituciones públicas y el ambiente de negocios como elementos cruciales para sostener una sólida trayectoria de inversión y crecimiento.
“Es necesario que las autoridades persistan en sus esfuerzos concretos para asegurar la implementación efectiva de las reformas más urgentes en la gestión pública, reforzando la institucionalidad para apoyar un desarrollo inclusivo y resiliente del país”, concluye el documento.
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