Santo Domingo.– Josefina Pimentel, exministra de Educación, refutó las afirmaciones recientes de Victor Castro, director actual del Instituto de Bienestar Estudiantil (Inabie), sobre la supuesta incineración de útiles escolares valorados en 100 millones de pesos adquiridos durante su mandato.
En declaraciones al programa Rumbo de la Mañana en RCC Media, Pimentel, quien ahora se desempeña como secretaria de Educación del partido Fuerza del Pueblo, negó cualquier responsabilidad en el asunto señalado por Castro e interrogó la integridad de las noticias propagadas.
La exministra indicó que tras revisar los materiales en cuestión, se optó por no seguir contratando al proveedor ya que sus entregables no alcanzaban los estándares de calidad ni cumplían con las especificaciones técnicas exigidas en la convocatoria de la licitación.
Destacó que el valor total de la licitación alcanzaba los 40 millones de pesos, cantidad significativamente menor a la citada por el director de Inabie.
Subrayó además que la gestión coordinativa de este proceso correspondió a René Jaquez, por entonces director de Inabie.
Pimentel explicó que se aceptaron los insumos de manera provisional, sometiéndolos a evaluaciones técnicas exhaustivas que confirmaron su falta de conformidad con las exigencias del pliego de condiciones.
«En nuestro período de administración, no se otorgó aceptación definitiva a esos materiales», declaró la exfuncionaria, enfatizando que cualquier decisión tomada después de su periodo en el cargo, incluyendo posibles pagos extras, fue ajena a su conocimiento.
Consultada sobre la idea de fusionar el Ministerio de Educación (MINERD) con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), manifestó que la integración de estas dos entidades supone un reto adicional para el sistema educativo nacional.
Remarcó que el ámbito educativo ya enfrenta un proceso complicado de reformas, incluyendo la actualización de la Ley General de Educación 66-97, vigente hace más de dos décadas. Subrayó la necesidad de modificarla para adecuarla al contexto actual del plan educativo.
Igualmente, hizo énfasis en la discusión legislativa de una norma sobre un marco nacional de cualificación, con el objetivo de armonizar los niveles educativos y permitir un tránsito sin obstáculos a través del sistema educativo en República Dominicana.
«Todavía estamos transitando por la implementación de estas metas y cambios, y la propuesta de fusión puede complicar aún más el despliegue de reformas críticas», opinó Pimentel.
También expresó su inquietud acerca de la organización que resultaría de tal fusión, mencionando lo problemático que sería introducir una figura como la «presidenta de gabinete de educación» al ya existir un Consejo Nacional de Educación y un ministro encargado, haciendo hincapié en la importancia de preservar una distinción clara de roles para asegurar una gestión eficaz.
«Esta unificación podría perjudicar la autonomía y especialización que cada ministerio contribuye al progreso del sistema educativo del país», insistió Pimentel, argumentando que cualquier ajuste estructural necesita ser meticulosamente considerado para no afectar los logros obtenidos en la educación dominicana.
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