Nueva York.- Presentación de una serie de propuestas por parte del ex magistrado del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ramón A. Madera Arias, ante la Asamblea Nacional Revisora tiene como objetivo la no utilización de fondos estatales en actividades de campaña, la erradicación de prácticas de corrupción, el “barrilito”, “cofrecito”, y la prevención de la elección de personas involucradas en el narcotráfico a posiciones de poder.
Se propone que la Constitución ampare el “voto obligatorio” como una estrategia para abolir el voto clientelar, una acción que reforzaría el Estado Social de Derecho, actualmente en riesgo por este tipo de prácticas políticas.
Madera Arias explica que la prevalencia de la política clientelar en la República Dominicana (RD) desmotiva la participación ciudadana en las urnas, dado que se espera una remuneración a cambio del voto.
“El costo para elegir a representantes como senadores, diputados o alcaldes oscila entre los 50 y 300 millones de pesos, lo que justifica, según los legisladores, el recurso al ‘barrilito’ y ‘cofrecito'”, señaló Madera Arias en un comunicado de prensa, discutiendo las implicaciones con este periodista.
Argumenta que aquellos que invierten cantidades tan significativas de dinero en búsqueda de un puesto electo necesitan de alguna forma recuperar su inversión, lo cual resulta en el abandono de las responsabilidades hacia la ciudadanía por enfocarse en la venta de leyes a favor propio, alianzas con sectores dudosos y frecuentemente con el narcotráfico.
Propone firmente que la reforma constitucional venidera debe establecer el “voto obligatorio para todos los ciudadanos registrados”, como medio efectivo contra el voto clientelar que ha degradado el sistema electoral del país.
Subraya la importancia del voto obligatorio en el fortalecimiento de la calidad democrática.
Madera Arias añade que el clientelismo electoral facilita la corrupción, el mal uso de los recursos estatales y delictivos, incluyendo aquellos provenientes del narcotráfico, y conlleva a la selección de funcionarios públicos y tomadores de decisiones carentes de calibre intelectual o moral.
Contrariamente, el “voto obligatorio” previene la elección de candidatos con reputación cuestionable, asegura la representación de alta calidad, y promueve un entorno electoral menos costoso, evitando que los ciudadanos vendan sus votos por cantidades menores o favores.
Finalmente, el “voto obligatorio” permite que individuos honestos, visionarios, bien intencionados y capacitados con vocación de servicio puedan acceder a puestos de elección popular, ya que el sistema electoral actual limita el éxito de sus proyectos políticos.
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