En una audiencia en Leominster, Massachusetts, el dominicano Raúl Fernández Vicioso recibió una condena de dos años de prisión federal por su participación en un fraude que involucró la obtención ilícita de ayudas alimentarias y beneficios por desempleo. La Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts determinó que el esquema generó ingresos superiores a US$1.1 millones, de los cuales la sentencia ordena restitución y decomiso por montos equivalentes.
El esquema y sus víctimas
Según los documentos judiciales, Fernández Vicioso operaba El Primo Restaurant, ubicado en Leominster, y utilizó parte de los alimentos obtenidos fraudulentamente para preparar comidas que luego vendía a sus clientes. La investigación reveló que el grupo empleó datos personales robados de más de 100 personas para solicitar ayuda pública de forma irregular.
La mayor parte de los fondos obtenidos provino del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Massachusetts y Rhode Island, donde se logró un total de US$440 000 destinados a alimentos. Los recursos se emplearon para adquirir grandes cantidades de pollo, carne de res, cerdo y otros productos en supermercados y mayoristas.
Beneficios por desempleo y lavado de dinero
Entre 2020 y 2021, el mismo grupo aprovechó el programa de desempleo, empleando al menos 29 identidades en varios estados. Gracias a estas maniobras, se obtuvieron más de US$700 000 en fondos de apoyo a personas sin empleo durante la pandemia.
La Fiscalía también identificó la transferencia de una parte de los fondos a individuos ubicados en la República Dominicana y Venezuela. En marzo, Fernández Vicioso se declaró culpable de conspiración para cometer fraude al programa SNAP, fraude electrónico, fraude con beneficios alimentarios y lavado de dinero.
Consecuencias y supervisión posterior
La sentencia incluye tres años de libertad supervisada tras cumplir la pena de prisión. Además, el tribunal ordenó que el acusado cumpla con las obligaciones económicas determinadas, que comprenden restitución y decomiso de recursos vinculados al caso.
El juez destacó la importancia de proteger los programas de asistencia pública y la confianza de los ciudadanos en la justicia federal. La decisión pretende enviar un mensaje claro sobre la severidad de los delitos contra el sistema de seguridad social.
Créditos de la fuente: diarioaldia.com
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