El acoso sexual se define como una conducta sexual no deseada que provoca que la persona afectada se sienta ofendida e intimidada. Constituye una infracción a los derechos humanos básicos y se considera aún más grave cuando las víctimas son menores de edad o cuando los agresores son figuras de autoridad, como los educadores.
El Ministerio de Educación (Minerd) ha anunciado recientemente la expulsión de docentes implicados en estos crímenes.
El grupo N Investiga dialogó con algunos afectados, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y representantes del Minerd, para explorar la dimensión humana de este asunto y entender las acciones preventivas que se están adoptando en los centros educativos, para asegurar la protección de los niños.
Una afectada, de tan solo 17 años, compartió que evitaba mirar a su profesor porque los comentarios sexuales de este la hacían sentir incómoda.
Ella representa uno de los muchos casos detrás de las estadísticas, con denuncias registradas en escuelas durante el año actual.
Como una medida preventiva, el Minerd comunicó a finales de julio sobre la expulsión de varios profesores por estos delitos.
La viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker, mencionó que ya se han expulsado a ocho educadores y suspendido a 24 en proceso disciplinario, es decir, sin derecho a salario.
La mayoría de estos casos se han reportado en el Distrito Nacional, seguido por Cotuí y La Vega, con algunos maestros expulsados en cada región, y en Santiago.
Del total de docentes apartados durante el año escolar, seis han sido sometidos a la justicia.
Scheker detalló que las denuncias se recibieron por diferentes medios. “En algunos casos fueron las familias las que denunciaron, pero en otros, fuimos nosotros mismos a través del centro educativo y su equipo de orientación”, afirmó.
Es más, el Ministerio de Educación tiene un protocolo específico de acción para estos incidentes.
“Debemos informar al Ministerio Público, y todos estos casos se han reportado a esta entidad, incluso algunos están en proceso de investigación o ya tienen sentencia, y otros cuentan con medidas de coerción”, indicó Scheker.
En los casos con medidas de coerción dictadas, en octubre, en Puerto Plata, se encuentra el profesor Pedro Jordan Almonte Vásquez, condenado a tres meses de prisión preventiva por acoso, agresión sexual y abuso psicológico contra un estudiante de 12 años.
En marzo, fue separado el profesor prófugo Jacinto Antonio Peña Flores, que enseñaba en el Politécnico Ana Silvia Jiménez de Castro, en La Vega, bajo acusación de abuso sexual contra dos estudiantes. Además, fue arrestado el docente Aníbal José de la Rosa Peguero, y en abril, en La Vega, se detuvo a Juan Carlos Delgado Marte, acusado de conductas inapropiadas frente a dos alumnas.
Caso Esmeralda Richiez y su impacto
El caso de la muerte de Esmeralda Richiez, cuyo maestro John Kelly Martínez fue condenado a prisión después de ser hallado culpable de abuso sexual, conmovió profundamente a la sociedad dominicana, impulsando al Minerd a desarrollar el Código de Ética Docente.
Según informes proporcionados por Ancell Scheker, este código se estableció específicamente para definir con mayor claridad las normas de interacción entre docentes y estudiantes.
Caso Celso Manuel Portela
Un caso lamentable adicional fue el de Celso Manuel Portela Álvarez, a quien se le impusieron tres meses de prisión preventiva el 19 de julio, siendo el dueño de Strikerz Academy en Santiago, a pesar de sus antecedentes de denuncias en prestigiosas instituciones.
Paralelamente, el 22 de julio fue arrestado Deivis Rodríguez Medina, un profesor con más de una década de experiencia, acusado de acosar sexualmente a cinco estudiantes. Sus víctimas lo describieron como un manipulador y depredador.
La ADP, al estar al margen del proceso investigativo conducido por el Ministerio Público, tomó conocimiento de las expulsiones de sus afiliados a través de la prensa.
Génesis Santos, secretaria de Asuntos Pedagógicos y Docentes de la ADP, indicó que se les sugirió acudir a la fiscalía para solicitar el listado de los implicados, pero lamentó la falta de comunicación oficial al respecto.
Ancell Scheker, por su parte, aseveró que el Minerd ha optado por no divulgar públicamente los nombres de los involucrados para proteger su privacidad.
Si bien la expulsión de estos docentes y la creación del Código de Ética representan avances significativos, emergen interrogantes sobre otras medidas preventivas y la posibilidad de implementar evaluaciones psicológicas previas al ejercicio de la docencia.
Scheker explicó que anteriormente se exigía un certificado médico, y ahora se adiciona la solicitud de un certificado de salud mental emitido por un psiquiatra.
Adolescentes víctimas de violencia sexual
En República Dominicana, un porcentaje notable de adolescentes entre ha sido víctima de violencia sexual en algún momento, de acuerdo con datos de Unicef.
El Ministerio de Educación ha mostrado su compromiso al expulsar y llevar ante la justicia a estos profesores agresores.
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