En San Cristóbal, República Dominicana, Gilberto Javier Garabitos Nova, quien funge como alcalde del Distrito Municipal El Pueblecito y es miembro del partido Fuerza del Pueblo, ha interpuesto una queja formal ante la Procuraduría encargada de la Defensa del Medio Ambiente. Dicha denuncia es contra la Compañía de Desarrollo Vial, S.R.L., la cual es señalada por efectuar extracciones ilegales de material del Río Blanco, ubicado en Cambita Garabitos.
Esta acción legal se efectuó después de que el alcalde, en compañía de miembros de la localidad, visitara el sitio de los hechos, descubriendo a los empleados de la empresa en plena actividad extractiva de piedras sin contar con las autorizaciones ambientales necesarias. Ante los perjuicios al medio ambiente, la ciudadanía ya había notificado sobre esta situación a la Alcaldía, lo cual propició la pronta intervención de Garabitos Nova.
“Demandamos la detención inmediata de estas operaciones que perjudican nuestros recursos naturales. Es inadmisible que la destrucción del río continúe sin los permisos requeridos”, manifestó el alcalde, integrante del más relevante partido de oposición del país, bajo el liderazgo de Leonel Fernández. Después de no obtener pruebas de los permisos por parte de los delegados de la compañía, el alcalde exigió el cese de las operaciones y al día siguiente procedió a presentar oficialmente la denuncia ante las instancias pertinentes.
La queja, que fue recibida por Dayanelly Pérez Feliz, secretaria de la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente, expone que la extracción de materiales se está llevando a cabo en el Río Blanco, que a su vez tiene conexión con el Río Yubaso en la localidad de El Simón Bolívar. Se informa que los materiales extraídos se utilizan en la edificación de un muro en el Río Nigua, sin contar con los respectivos permisos ambientales.
La Fuerza del Pueblo, junto con sus líderes, renueva su compromiso hacia la protección del medio ambiente y el bienestar comunitario, exhortando a las autoridades a implementar medidas necesarias para detener estas infracciones que ponen en riesgo serio los recursos naturales.
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