Santo Domingo. Frente a un déficit fiscal del 5%, un endeudamiento que llega al 60% del PIB y una reducida inversión pública por escasez de fondos, distintos economistas destacados opinan que es esencial incrementar la recaudación fiscal, aunque advierten sobre la importancia de no perjudicar el empleo, la inversión ni la producción al llevar a cabo la proyectada reforma tributaria por parte del gobierno.
Esta es una perspectiva compartida por los economistas Jaime Aristy Escuder, Magín J. Díaz y Juan Ariel Jiménez, quienes ofrecieron varias propuestas para prevenir que la reforma resulte contraproducente. Estas ideas se discutieron durante un evento realizado por la Asociación de Empresas e Industrias de Boca Chica (Abocachica) y la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur en la sede de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
Aristy Escuder, economista y exgerente de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, señaló el problema de una presión tributaria actual del 14%, insuficiente para satisfacer adecuadamente las demandas de gasto social del país. Recalcó que el gasto de capital es solo del 2% del PIB, cifra significativamente inferior al 6% alcanzado durante el periodo de Balaguer.
Adicionalmente, indicó que la deuda pública, que se sitúa en un 60% del PIB, debería disminuir al 40%. “Es viable elevar las recaudaciones un 3% o 4% del PIB sin modificar las tasas impositivas. No obstante, es crucial optimizar la calidad del gasto público, solventar el déficit en el sector eléctrico, que supone una fuga de 1,500 millones de dólares anuales, y minimizar la evasión fiscal”, afirmó Aristy.
Magín J. Díaz, quien fuera director general de Impuestos Internos, comentó sobre el déficit fiscal estructural que afronta el gobierno, ascendiendo a 350,000 millones de pesos anuales, equivalente a un 5% del PIB. Expuso que, a pesar de que las recaudaciones están estancadas en niveles comparables a los de 2019, es necesario que el gobierno incremente sus ingresos para reducir tanto el déficit como la deuda, evitando incrementar la carga fiscal sobre los contribuyentes actuales.
“La solución será complicada dado que hay muchas distorsiones tanto en la economía como en el sistema tributario que necesitan corrección, pero es crucial que cualquier reforma sea balanceada para no dañar el empleo, la inversión y la producción”, señaló Díaz.
Juan Ariel Jiménez, economista y exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, también reconoció la necesidad de mayor recaudación, pero reflexionó sobre el verdadero propósito de la reforma tributaria a implementar. Destacó que, aunque el nivel de deuda consolidada del país es preocupante, situándose en un 60% del PIB, no estamos al borde de una crisis fiscal.
Aun así, admitió que el gobierno enfrenta un problema de liquidez estructural que restringe su capacidad para generar un legado significativo. “El reto consiste en incrementar la eficiencia en la recaudación sin recurrir a medidas tradicionales que podrían resultar ineficaces y polémicas. La utilización de tecnologías como algoritmos y análisis de datos puede ser clave para mejorar la recaudación y reducir la evasión fiscal”, sostuvo Jiménez.
Bredyg Disla, presidenta de Abocachica, enfatizó en su discurso de apertura la necesidad de abordar la reforma fiscal con sensibilidad y una visión a largo plazo. “La reforma tributaria no debe ser vista simplemente como un ajuste técnico, sino como una oportunidad para fortalecer la estructura económica del país sin comprometer el bienestar de los sectores más vulnerables”, destacó Disla.
Tras las intervenciones individuales de los tres economistas, se desarrolló un panel de discusión moderado por Luis José López, miembro de la junta directiva del gremio empresarial. En el debate, se exploraron las posibles estrategias para implementar una reforma tributaria que logre los objetivos de aumentar las recaudaciones y reducir el déficit, sin poner en riesgo el crecimiento económico del país.
El evento dejó claro que, aunque la reforma tributaria es necesaria, su ejecución debe ser meticulosamente planeada para evitar distorsiones económicas. Los economistas coincidieron en la urgencia de adoptar un enfoque balanceado que permita incrementar las recaudaciones del Estado sin impactar negativamente en el empleo, la inversión y la producción, resaltando la relevancia de integrar medidas innovadoras y efectivas en el proceso.
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