Por: Yari Araujo
En el caso Camaleón, Hugo Veras y Jochi Gómez, fueron capturados por la Procuraduría, sumándose otros cinco implicados a la red descrita por el Ministerio Público como una “organización corrupta que perseguía enriquecerse mediante la asignación de contratos de gran cuantía a empresas ficticias”.
El Ministerio Público considera este asunto como de gran relevancia para la seguridad nacional, resaltando el peligro que representa el abuso de los sistemas de control de tráfico, cámaras de seguridad en cruces y semáforos, además del manejo indebido de información personal de los conductores.
Por lo tanto, enfatizan en los riesgos que tales acciones implican, como la invasión a la privacidad, la amenaza a la seguridad informática, el empleo fraudulento de datos y posibles fallas técnicas, solicitando que se declare el caso como complejo.
Implicados en Caso Camaleón
Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez
Como exdirector del Intrant, orquestó y aprobó la asignación engañosa de contratos millonarios a compañías sin las competencias técnicas necesarias.
Desempeñó un papel crucial incluyendo nuevas autoridades en el proyecto manipulado, promoviendo la participación de empresas fantasma que malversaron fondos estatales. Es destacado como coautor y facilitador principal del corrupto manejo del sistema semafórico y de videovigilancia, involucrado directamente en la tramitación fraudulenta de dicha licitación.
José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez)
Beneficiario de los contratos ilegales y propietario de Aurix S.. Representa el principal beneficiario económico del entramado corrupto. Gómez Canaán, mediante su empresa Aurix S.., manipuló de forma ilegal los sistemas de semáforos y vigilancia. También utilizó Transcore Latam S.RX. y Dekolor S.R.L. para canalizar fondos ilícitos y lavado de dinero.
Se le investiga por asociación delictuosa, fraude al Estado, malversación de fondos, lavado de dinero, suplantación de identidad corporativa, entre otros. Asimismo, es el responsable directo del sabotaje a la red de semáforos acaecido a fines de agosto de 2024, en el gran Santo Domingo, y de acciones de terrorismo contra infraestructuras vitales del Estado dominicano.
Frank Rafael Atilano Díaz Warden
Actuó como coordinador de despacho y representante de Hugo Beras en el Comité de Compras del Intrant.
Tuvo una participación activa en la adjudicación irregular de contratos. Su función fue asegurar que las decisiones del comité beneficiaran a las empresas vinculadas con la red corrupta. Su papel consistió en manipular la licitación y tomar decisiones en favor de los investigados, siendo también coautor de los delitos de organización criminal, fraude al Estado, malversación de fondos, coalición de funcionarios, entre otros.
Samuel Gregorio Saquero Sepúlveda
Ocupaba el cargo de director de Tecnología del Intrant. Siendo responsable de la red de semáforos y de videovigilancia del gran Santo Domingo, Saquero Sepúlveda fue elemento fundamental en la planificación técnica del fraude.
Posibilitó que Transcore Latam S.R.L., una entidad no apta legal ni técnicamente, tomara control de estos sistemas. Modificó la evaluación técnica en el procedimiento de licitación para beneficiar a las compañías del círculo corrupto. Forjó el contenido de una certificación en la que afirmaba que INTRANT había recibido íntegramente los bienes y servicios de Transcore Latam S.R.L., con el objetivo de que se realizara el pago.
Contribuyó de manera directa en la realización técnica del esquema de fraude, afectando la seguridad vial y la integridad en el manejo de los fondos públicos. Baquero Sepúlveda está implicado como coautor en los delitos de organización criminal, fraude al Estado, malversación, coalición de funcionarios, falsificación, entre otros.
Juan Francisco Álvarez Carbuccia
Desempeñaba el rol de director Administrativo y Financiero del Intrant. Emitió un certificado falso afirmando que el INTRANT poseía la dotación presupuestaria requerida para comenzar el proceso de licitación. No obstante, los fondos no se solicitaron hasta mayo de 2023 y no se recibieron hasta julio, evidenciando que el proceso dio inicio sin el debido respaldo financiero, mostrando así la falsedad de la información suministrada.
Era el encargado de direccionar los fondos hacia la estructura, mediante una nómina de supuestos “trabajadores diarios”, un aspecto que está siendo auditado. Álvarez Carbuccia figura como coautor en delitos de asociación delictiva, estafa al Estado, malversación, coalición de funcionarios, falsificación, entre otros.
Pedro Vinicio Padovani Báez
Fungía como el exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant. Padovani Báez, socio de Gómez Canaán, fue esencial en el manejo y supervisión del centro de control de tráfico. Después de renunciar, se involucró directamente con las actividades fraudulentas de Transcore Latam S.R.L.
Participó directamente en el fraude de la Licitación Pública Nacional núm. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001, resultando acusado de asociación delictiva, fraude al Estado, malversación, coalición de funcionarios, entre otros. Aportó al desarrollo de los esquemas de lavado de dinero, así como en el sabotaje a la red de semáforos, y en actos terroristas contra infraestructuras esenciales del Estado dominicano.
Carlos José Peguero Vargas
Participaba como socio en la red de blanqueo de capitales. Junto a Gómez Canaán, Peguero Vargas tuvo a su cargo canalizar fondos a través de INPROSOL S.R.L., redirigiendo así el dinero asignado a Transcore Latam S.R.L. Fue responsable de la gestión técnica e informática de la estructura de vigilancia y espionaje de José Gómez Canaán.
Además, contribuyó en la formación de la estructura financiera ilícita de este. Se enfrenta a cargos por asociación delictiva, estafa al Estado, lavado de dinero, incluyendo sabotaje a la red de semáforos, y actos terroristas contra infraestructuras clave del Estado dominicano.
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