El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) ha hecho pública la noticia de que la tarde de hoy, agentes pertenecientes al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) efectuaron la detención de Ana Carolina Guaita, periodista afiliada a La Patilla.
El SNTP compartió a través de su perfil en X una alerta: “El 20 de agosto, Ana Carolina Guaita, periodista de La Patilla, fue arrestada por individuos presumiblemente del Sebin. Familiares de la afectada confirman que fue sustraída de su residencia en El Rincón, Maiquetía aproximadamente a las 6 pm”.
Alberto Ravell, propietario de La Patilla, también condenó el hecho en X, declarando: “En un procedimiento poco habitual y sin bases lógicas para una averiguación, el SEBIN ha detenido a la periodista Ana Carolina Guaita Barreto hace apenas unos momentos. Nos oponemos firmemente a las detenciones arbitrarias y el acoso hacia los ciudadanos, en particular contra aquellos periodistas cuya misión es informar”.
El representante de Comando con Venezuela, Perkins Rocha, comentó sobre el incidente: “ALERTA: La represión política continúa en Venezuela. Este día en Vargas, y sin una orden legal previa, Ana Carolina Guaita, una joven reportera de La Patilla Digital y descendiente de reconocidos líderes políticos estatales, fue arrestada al salir de su domicilio. ¿Su crimen? Dedicarse a difundir la verdad”.
Tamara Sujú, activista de derechos humanos y directora ejecutiva del Casla Institute, ofreció más detalles del evento en su cuenta en X, indicando que Guaita Barreto fue “abducida en un vehículo blanco delante de su vivienda y hasta el momento su ubicación es desconocida”.
El arresto de la periodista remarca sus lazos familiares con importantes figuras de la oposición venezolana, generando una ola de reacciones tanto políticas como mediáticas. El periodista Vladimir Villegas señaló que “su única falta es ser la hija de dos líderes de oposición, el Dr. Carlos Guaita y Xiomara Barreto, ambos de Copei”.
Diversas entidades de derechos humanos y organismos periodísticos han condenado la detención, catalogándola como una forma de persecución y opresión contra la libertad de expresión. Este hecho resalta una tendencia de agresiones contra miembros del gremio periodístico en Venezuela, especialmente tras la autoproclamación de Nicolás Maduro como ganador de elecciones cuestionadas por la comunidad internacional por falta de claridad.
El arresto de Ana Carolina Guaita se inscribe en un contexto de intensificación de la tensión política en Venezuela, donde los medios de comunicación y los periodistas independientes enfrentan continuas amenazas e intimidaciones. Varias organizaciones internacionales han denunciado estas acciones como una violación flagrante a los derechos humanos y a la libertad de prensa.
Entre el 29 de julio y el 4 de agosto, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela registró 79 infracciones contra la libertad de prensa en relación con la cobertura electoral y las protestas postelectorales. Estas violaciones incluyen agresiones físicas y verbales (30), discursos estigmatizantes (18), detenciones (7), censuras (7), restricciones en Internet (7), limitaciones administrativas (6), acoso judicial (3) y obstrucciones al acceso de información (1).
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, se ha expresado al unísono con otras agrupaciones en denunciar un incremento en la persecución de los profesionales de la prensa. La asociación gremial, al manifestar su repudio, describe esta conducta como una política de Estado por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Desde el inicio de las manifestaciones el 29 de julio, no menos de seis periodistas han sido encarcelados y procesados judicialmente bajo acusaciones de terrorismo e incitación al odio. Entre los detenidos se encuentran: el fotógrafo Yousnar Alvarado, en Barinas; el camarógrafo de VPI Tv, Paúl León, en Trujillo; la fotógrafa Deisy Peña, en Los Teques; el periodista y activista José Gregorio Camero, en Valle de La Pascua; además de Roland Carreño, dirigente de Voluntad Popular, y el periodista Víctor Ugas, ambos en Caracas.
El IPYS subraya que la gran mayoría de las violaciones a la libertad prensa corresponden a agresiones físicas y verbales, evidenciando un claro intento por intimidar y silenciar a los comunicadores. También destaca la utilización de discursos estigmatizantes por parte del estado para desacreditar la labor periodística.
El informe del IPYS también detalla actos de hostigamiento judicial destinados a intimidar a quienes informan sobre las situaciones críticas del país. Las restricciones en internet, aunque menos comunes, son igualmente significativas, en particular en un país donde la cuestión de la censura digital es cada vez más prevalente.
FUENTE/ INFOBAE
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