Santo Domingo.–Las dificultades energéticas en Puerto Rico representan una problemática grave. Nuestra gestión se ha dedicado a buscar soluciones de índole inmediata y de futuro, siempre dentro del ámbito legal. Las sugerencias recibidas hasta ahora no aportan innovaciones. Hablar de fiscalización significa continuar con nuestras acciones actuales. Mencionar la cancelación implica enfrentar elevaciones en los costos de electricidad y retrasos importantes en la modernización de nuestro sistema eléctrico. Discutir modificaciones a los acuerdos con los operadores privados del sistema eléctrico supone el cumplimiento de la legislación y la constitución. Actualmente, se evita el tema del colapso financiero de la Autoridad de Energía Eléctrica, otro obstáculo en el camino hacia la renovación de nuestra infraestructura eléctrica.
Nuestro camino hacia la estabilización energética en Puerto Rico está bien definido. Incluye iniciativas que marcarán la diferencia, tales como: la limpieza de vegetación a lo largo de la isla con $1,200 millones provenientes de fondos de FEMA; la adquisición de baterías de 430 megavatios, también financiadas por FEMA a un coste de $800 millones, para su instalación en plantas generadoras; la compra de generadores de rápida activación o “peakers” de 200 megavatios, con un presupuesto de $700 millones provenientes de FEMA; y el próximo contrato para una nueva planta de generación de gas natural de 300 megavatios, además de la promoción de proyectos de energía renovable a gran escala, siempre y cuando no incrementen de manera negativa las tarifas eléctricas.
Quien sugiere que el gobierno vuelva a tomar control del sistema eléctrico parece olvidar el notorio fracaso de este enfoque en el pasado y que la legislación actual de política pública energética exige su privatización.
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