Después de que la semana anterior, se apagaran los sistemas de semáforos en las arterias principales del Distrito Nacional, la atención pública se centró nuevamente en Transcore Latam, la entidad a cargo de la gestión semafórica en el Gran Santo Domingo, y en el controvertido proceso de licitación que le otorgó dicho contrato.
El equipo de N Investiga expuso este fin de semana una secuencia detallada de eventos que abarca desde el anuncio del proceso licitatorio hasta el fallo de los semáforos entre el 28 y el 30 de agosto. Este incidente comenzó afectando 29 cruces importantes y se expandió a 55, involucrando vías cruciales como las avenidas Winston Churchill, Enrique Jiménez Moya, 27 de Febrero, José Núñez de Cáceres, Alma Máter, Simón Bolívar, Luperón, Abraham Lincoln, Tiradentes, Rafael Augusto Sánchez, Roberto Pastoriza y Ortega y Gasset.
¿Cómo se originó todo?
El inicio fue el anuncio de la licitación para el Servicio de Modernización, Ampliación, Supervisión y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo, publicado el 20 de febrero del 2023.
El 14 de marzo de 2023, Contrataciones Públicas presentó observaciones al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) sobre el procedimiento, y el 28 de marzo, el INTRANT ajustó el Pliego de Condiciones y el programa de actividades.
Transcore LATAM SRL fue seleccionada para el proyecto con un presupuesto que excedía la estimación original de 1,200 millones de pesos. Esta compañía se registró el 7 de julio de 2022, solamente siete meses antes de la licitación.
Es notable que el principal socio, Pedro Vinicio Padovani Báez, indicaría en su perfil de Linkedin experiencia previa en INTRANT como analista de movilidad sostenible con un salario mensual de 70,000 pesos, desde septiembre de 2018 hasta agosto de 2019, y posteriormente como Coordinador General del Centro de Control de Tráfico hasta julio de 2022, justo lo que cubre el periodo de registro de la compañía. El contrato con la institución se firmó el 19 de junio.
Tres denuncias fechadas el 7 y 12 de junio y 8 de agosto de 2023 fueron presentadas por las firmas, Transcore LP, Sistema Integrado de Control (SICTRCORE LATINOAMERICA), reclamando que el oferente ganador presentó documentación supuestamente avalada por Ricardo Echandi, director de Transcore LP, que certificaba servicios satisfactorios prestados. Sin embargo, dicha documentación nunca fue emitida. Aclararon que SICTRCORE es una empresa argentina fundada en 1993, representante exclusiva de Transcore ITS LLC en el país, y que no tiene relación con Transcore Latam.
Adicionalmente, dos compañías, Icontrol SRL y KCH Trafficcom Dominican Republic, argumentaron que el perfil de Transcore LATAM se ajustaba a prácticas dudosas del pasado, beneficiando intereses particulares, dada su reciente formación apenas 7 meses antes del proceso licitatorio, frente a sus más de 30 años de experiencia en el campo.
Otro aspecto controvertido fue el traspaso de acciones, en particular uno el 21 de febrero de 2023, cuando el 90% de las mismas pasó a ser propiedad de Pedro Padovani, quien era empleado de la institución contratante en aquel momento.
El 23 de octubre de 2023, ante la falta de respuesta de INTRANT, Contrataciones Públicas instó a la institución a profundizar la investigación sobre las denuncias. Cuatro días más tarde, el 27 de octubre, se suspendió el contrato al revelarse grave irregularidades, como que la contratista alegaba una experiencia de 19 años en contratos similares, pese a que su registro en la oferta técnica demostraba su creación en 2022.
Para facilitar la investigación, el antiguo director de INTRANT, Hugo Beras, solicitó el 9 de noviembre de 2023 una licencia, y tres días después, el presidente Luis Abinader designó al coronel Randolfo Oniel Rijo como director interino. El 19 de noviembre, se confirmó la conexión de Transcore Latam con otra empresa polémica, DeKolor, señalada como garante en un préstamo de 120 millones de pesos para el proyecto. Esto reveló a algunos de los verdaderos propietarios de la empresa ganadora.
El 16 de noviembre de 2023, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) recibió el dossier de las irregularidades proporcionado por Contrataciones Públicas, que el 4 de diciembre del mismo año deshabilitó permanentemente el registro de proveedor de la firma por presentar documentación falsa o manipulada, impactando la ejecución del contrato bajo la Ley de Compras.
Justo un día después de que los semáforos comenzaran a fallar, el 28 de agosto, Jochi Gómez hizo una amenaza en su cuenta de X: “¡Atención! Hace 9 meses se implementó un nuevo sistema de semáforos en el Distrito Nacional. Carlos Pimentel y Contrataciones Públicas denunciaron que estos semáforos poseían pintura y tecnología obsoletas y falsas. ¿Qué ha sucedido desde entonces? ¿Por qué INTRANT permanece en silencio? Yeni Berenice, es tiempo de actuar. Contraloría, presente la auditoría correspondiente y prepárense para las consecuencias, ya sea para los difamadores o los verdaderos responsables. El fabricante legítimo ya se encuentra en el país exigiendo respuestas, y no dudará en retirar los equipos si no recibe una satisfacción”.
Esta publicación aludía a una auditoría técnica y financiera que estaba por concluir por parte de la Contraloría General de la República, motivo de su advertencia.
El hecho de que el contrato siguiera vigente, a pesar de la inspección en curso de la Contraloría y de la PEPCA, y que se considerara suspendido, mientras solo se había abonado el 20% de lo contratado, llama poderosamente la atención.
Citando fuentes confiables, el reportaje indicó que la razón para seguir con el contrato de forma irregular residía en que, mientras la auditoría de la Contraloría no concluyera, no podían cambiar el mecanismo tecnológico que la empresa ya dominaba.
La red semafórica va más allá de los semáforos, incluye más de 2,000 cámaras en 55 intersecciones vitales para el Distrito Nacional, lo que sugiere el vasto volumen de datos accesibles en un contexto donde la información personal es altamente valiosa.
Por esta razón, incluso habiendo recibido solo un 20% del pago contratado, la empresa decidió continuar prestando el servicio de forma gratuita, privilegiando el acceso a la información recolectada.
Este incidente resalta la preocupación sobre tercerizar servicios públicos esenciales que manejan gran cantidad de datos personales, a entidades sin las certificaciones globales que aseguren seguridad, privacidad y ética, en lugar de compañías con procedimientos cuestionables y rapidez en su constitución.
La capacidad de control de terceros se puso de manifiesto el jueves 29 de agosto, dos días después del inicio de la falla, cuando el Intrant intervino directamente por primera vez los semáforos tras el contrato con Transcore y tomó el control de seis nodos de comunicación de fibra óptica que estaban bajo gestión de la empresa.
Estas deficiencias y vulnerabilidades quedaron expuestas cuando, el pasado miércoles 4 de septiembre, se tuvo que recurrir a la presencia militar para vigilar los semáforos, asignando personal del Ejército para su protección.
Es relevante señalar que el 8 de noviembre de 2023, tras la negativa a un habeas corpus, el abogado de Pedro Vinicio Padovani Báez, Carlos Balcácer, mostró un dispositivo y anunció la desconexión de los semáforos.
creditos de las imagenes de este post: n.com.do
