Nueva York .— Muchos dominicanos, tanto esposas como esposos de ciudadanos estadounidenses ya nacionalizados, que no cuentan con documentos, se ven perjudicados por la pausa impuesta por J. Campbell Barker, un juez federal republicano de Texas, al programa “Parole in Place”, el cual les otorgaba la posibilidad de permanecer en Estados Unidos mientras se tramita su solicitud de residencia permanente o temporal.
Se estima que aproximadamente 500,000 cónyuges podrían ser aptos para obtener la Tarjeta Verde de inmigración una vez que sus aplicaciones sean aprobadas.
Este juez, designado por el ex presidente Donald Trump en 2019 para el tribunal federal texano, un estado mayormente controlado por republicanos, tomó su decisión basándose en una demanda presentada por 16 estados gobernados por republicanos, lo que detiene la implementación de este programa recién iniciado. Aunque las solicitudes pueden ser enviadas al servicio de inmigración por los cónyuges ciudadanos americanos, no pueden ser procesadas en este momento.
La orden del juez de paralizar temporalmente el programa responde a la política restrictiva del partido y de su líder, Trump, de privar a los afectados de alcanzar el denominado “Sueño Americano”.
Una de las principales condiciones del programa es que los solicitantes deben haber residido en Estados Unidos por al menos 10 años junto a sus cónyuges estadounidenses, no haber tenido conflictos con la ley y haber cumplido con sus obligaciones fiscales.
“Parole in Place”, que podría traducirse como “Libertad Condicional en el Lugar”, fue suspendido el lunes por la noche por el juez del distrito federal de Texas, un escenario frecuente para los conservadores para intentar frenar las iniciativas políticas y migratorias del presidente Biden.
Se calcula que cerca de medio millón de cónyuges de ciudadanos estadounidenses nacidos fuera del país son elegibles para esta medida anunciada en junio bajo el lema “Mantener a las Familias Unidas”.
La fase de inscripción comenzó el 19 de agosto.
A menos que la suspensión de 14 días impuesta por el juez sea anulada o levantada en apelación, los solicitantes deben seguir el procedimiento anterior que requiere solicitar el cambio de estatus legal desde fuera del país.
Activistas en defensa de los inmigrantes han criticado la decisión como devastadora, argumentando que podría separar a familias de estatus mixto por años o incluso de manera permanente mientras se tramitan sus solicitudes de tarjeta verde.
La decisión de Barker responde a una querella presentada por 16 fiscales generales republicanos, liderados por Ken Paxton de Texas, contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), sosteniendo que la política de Biden infringe las leyes estipuladas por el congreso y constituye una amnistía general para quienes ingresaron al país ilegalmente.
“Las acusaciones son significativas y merecen un análisis más profundo del que el tribunal ha podido ofrecer hasta ahora”, expresó el juez en su veredicto, estableciendo el 10 de octubre como fecha límite para la presentación de argumentos por ambas partes en el caso.
El DHS todavía puede recibir aplicaciones, según Barker, pero su decisión impide que sean procesadas. De acuerdo con la política de Biden, aquellos inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses y que han residido en el país por al menos 10 años, entre otros requisitos, son elegibles.
Los republicanos, que buscan obstruir aspectos de la agenda de Biden, frecuentemente llevan sus casos a los tribunales federales de Texas, anticipando decisiones favorables que probablemente serán respaldadas por el tribunal de apelaciones, considerado uno de los más conservadores e influyentes del país. Dicho tribunal ha manejado casos relacionados con aborto, inmigración y control de armas.
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