Una semana atrás, se comunicó a nivel nacional la decisión de Víctor Castro, director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), sobre la incineración de materiales escolares que le habían costado al Estado aproximadamente 100 millones de pesos, y que se encontraban en almacenamiento desde el 2012, año en que se realizó la licitación correspondiente.
La divulgación de esa información causó gran alarma entre la población, especialmente considerando que en la nación hay numerosas familias de bajos recursos para quienes resulta difícil adquirir los útiles escolares necesarios para sus hijos.
El equipo de N Investiga elaboró un reportaje para esclarecer lo acontecido y la fiabilidad de los datos difundidos por varios medios de comunicación.
Es importante mencionar que el material destinado a ser destruido incluía miles de calzado, pantalones, calcetines, camisas y mochilas diversos, bajo el argumento de que “el Ministerio de Educación los había recibido en mal estado, a pesar de que el responsable del almacén se negó a aceptarlos luego de confirmar su deterioro, pero una orden superior lo obligó a hacerlo, incluso habiendo redactado un informe que detalla el estado defectuoso de la mercancía importada desde China”.
Interrogado acerca de si la adquisición se había sometido a licitación, el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Víctor Castro, admitió su desconocimiento sobre el cumplimiento de dicho procedimiento.
“Honestamente, desconozco si se llevó a cabo un proceso de licitación, ya que, como sabrás, solían ser contratos asignados por influencias. No creo que se ajustara a la rigurosidad de la Ley 340 o de cualquier otra ley aplicable en ese momento, según opino”, expuso Castro.
Sin embargo, la exministra de Educación, Josefina Pimentel, confirmó que sí se realizó una licitación en mayo.
“Por supuesto, en mayo, específicamente los días 12 y 13, se hizo público un llamado a licitación en los medios impresos y también en el portal del Ministerio para la adquisición de lotes de zapatos, mochilas escolares, pantalones, calcetines y creo que camisas”, aseguró la exministra.
Se hace referencia a la licitación pública nacional ME-LPN-10-2012-GD, con motivo del comienzo del Año Escolar 2012-2013 por un importe superior a los 186 millones de pesos. Diez días después del inicio de las clases, el 30 de agosto de 2012, se adjudicaron 7 lotes.
El director de INABIE indicó que la mercancía pertenecía a la empresa Laugama, vinculada con Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, quien ha sido acusado de corrupción administrativa en la Operación Anti-Pulpo.
En este contexto, Castro confirmó que había verificado la citada información, encontrando a la empresa Laugama vinculada con el señor Alexis Medina en “todos los expedientes marinos”.
Cabe recordar que, en noviembre de 2012, esta empresa fue denunciada debido a que “el Ministerio de Educación le había otorgado contratos en licitaciones cuestionables”.
Según el director de comunicaciones de INABIE, las camisas y pantalones provinieron de otra empresa distinta a la mencionada anteriormente.
“Resulta que la licitación fue adjudicada a 9 empresas e incluía 144 mil camisas, 111, 436 pares de calcetines, 144,750 mochilas, 27,500 pantalones y 150 mil zapatos. Las dos empresas cuestionadas en esa licitación, hace 12 años, fueron Comercial Rego SRL y Distribuidora Laugama SRL.
“La ex ministra de Educación, Josefina Pimentel, mencionó que esa mercancía se aceptó de manera provisional por estar dañada. Es decir, Perla la aceptó en tal condición debido a su deterioro. Esto confirma que ella fue quien solicitó la mercancía, aunque creo que ya no era ministra cuando se recibió la mercancía, dado que se pidió en 2012 y se recibió en 2013. Y para entonces, creo que estaba Amarante Baret”, declaró Víctor Castro.
El director del organismo insistió en que se recepcionó mercancía defectuosa.
“No se trató de un activo en desuso que se dañó en los almacenes de INABIE o del MINERD. Eso hay que descartarlo. La realidad es que esa mercancía llegó defectuosa, tenemos evidencia de que llegó en mal estado”, afirmó.
No obstante, se refirió limitadamente a un informe del 29 de mayo de 2013, donde el Minerd establece que los zapatos fueron cuestionados por no cumplir con las especificaciones requeridas, como que el material no era de piel, entre otros detalles.
Material de los zapatos
La exministra de Educación afirmó que “debían ser de action Leather de 3.0 a 3.5. No obstante, al evaluar la muestra, se descubrió que el material principal del zapato era de poliuretano. En cuanto al forro, se esperaba que fuera de vinil, pero lo encontrado en la revisión fue que el forro era también de poliuretano, por lo tanto, no cumplía los requisitos”. Se determinó que, de los 6 criterios establecidos, solo cumplían con 2.
Sobre los pantalones
En relación con los pantalones vendidos por la empresa Comercial Rego SRL, se les objetó por no portar el logo institucional serigrafiado y por tener cierres de otra marca, tal como confirmó la exministra de Educación.
“Los pantalones se evaluaron bajo cinco criterios, cumpliendo con tres de ellos y fallando en dos: La ausencia o incorrecta presencia del logo y el uso de un cierre de marca diferente a la solicitada. Se requería la marca KGK pero utilizaron otra”, relató Josefina Pimentel.
Hasta ahora se sabe “que lo almacenado por 12 años no solo fue suministrado por Laugama, sino también por Comercial Rego, y que Laugama no entregó mercancía defectuosa, sino que esta no cumplía con las especificaciones técnicas y que los problemas con los pantalones podrían solucionarse simplemente reemplazando los cierres por los adecuados y añadiendo el logo correcto, según este informe del Ministerio de Educación del 24 de junio de 2013”.
Al indagar sobre el pago de los 100 millones por los útiles escolares, el director aseguró “referimos cantidad asociada a mercancía que vamos a eliminar. Entre zapatos y pantalones estamos hablando de más de 46 millones de pesos, 40 millones 121 mil 310 pesos correspondientes a los zapatos y más de 6 millones de pesos en pantalones. No 100 millones como se indicó inicialmente”.
Se recuerda que el director del INABIE afirmó previamente que los materiales estaban defectuosos y que por directriz de un superior se tuvieron que aceptar, sin embargo, al preguntarle sobre la existencia de algún documento que soportara tal afirmación, indicó que había uno, pero revisando los documentos solo se observa a mano izquierda el anotación “recibido de manera provisional hasta determinar la calidad de los productos mencionados”.
Ante esto, el exencargado del almacén del Ministerio de Educación explicó que era norma recibir los artículos provisionalmente, hasta que se verificara su adecuación.
¿Qué tan confiada estaba la empresa Laugama al invertir y entregar al Estado una mercancía que no cumplía con los requisitos de calidad y características estipuladas?
Un interrogante planteado fue si la exministra Josefina Pimentel realizó pagos a estas empresas cuestionadas.
“Aquí se determinó, se les adjudicó. Y aquí se establece que recibirían 8 millones. Eso forma parte del contrato y quedaban pendientes 32 millones 097 mil pesos”, explicó Josefina.
La exministra aclaró que, al ser reemplazada por Carlos Amarante Baret en julio de 2013, desconocía el desenlace de la mercancía hasta que la noticia sobre su destrucción emergió en los medios. De las 9 empresas adjudicadas, según este documento que ella proporcionó, solo dos tuvieron la suerte de recibir un anticipo del 20 por ciento. Entre ellas se encontraban Laugama y SAICORP, adjudicada con camisas y mochilas.
“Nuestra responsabilidad fue realizar la convocatoria, adjudicar, en este caso, por parte del comité de licitación, recibir las muestras, evaluarlas y rechazarlas”, mencionó el director del INABIE.
Sin embargo, el Ministerio de Educación, con Carlos Amarante Baret como ministro en ese momento, procedió a aceptar la mercancía. Esto se confirma en el registro de pagos a proveedores de marzo de 2014, que muestra un monto de 30 millones 748 mil 142 pesos por el 80 por ciento del pago por los zapatos.
Cabe destacar que el presidente de Laugama declinó la solicitud de entrevista, limitándose a enviar a un joven ejecutivo con aproximadamente dos años y medio en el cargo de gerente de operaciones, quien insistió en que el producto entregado sí cumplía con lo licitado y había sido auditado por la empresa internacional SGS.
“Siempre hacemos lo mismo. Contratamos a esa firma de inspección y les decimos: ‘Esto es lo que voy a fabricar, son las mismas especificaciones del pliego. Quiero que auditen el proceso de producción y la inspección final de la mercancía’”, afirmó Edwin Agramonte, gerente de operaciones del Grupo Laugama.
Al revisar el informe presentado, se verificó que correspondía a una fecha en la que la licitación ni siquiera se había publicado, a lo cual el gerente respondió: “porque el mismo tipo de calzado se venía utilizando en ese entonces por el Minerd y decidimos solicitar una verificación de ese material”.
Posteriormente, mostró otro documento de diciembre de 2012, que describía el producto y sus especificaciones sin coincidir exactamente con lo solicitado en la licitación, pero confirmaba que el material era de poliuretano y no de piel.
Se confirmó que el action leather corresponde a cuero bovino con una capa de poliuretano, lo que indica que el zapato suministrado estaba completamente hecho de material sintético. También se confirmó el pago del 80 por ciento restante previamente mencionado.
Al preguntarle sobre quién aceptó como válido el material, Edwin aseguró “No recuerdo al ministro, porque en ese tiempo cambiaron a la ministra que estaba, colocaron a otra persona y el pago se realizó meses después. La última entrega fue en junio y los pagos casi al final del año. El pago se efectuó con el ministro que estuviera en ese momento”.
El espacio donde se guardan los materiales supuestamente defectuosos ocupa una pequeña parte del almacén, lo que resulta curioso ya que en dicha área parecería improbable almacenar 150 mil cajas de zapatos y 27 mil pantalones, llevando a pensar que una parte fue donada o se perdió con el tiempo. Al cuestionar sobre el motivo por el cual se mantuvieron tanto tiempo almacenados, esta fue la respuesta del director.
“Me dije, esto tiene que sacarse de aquí porque está generando mucha contaminación y presencia de hongos. Pero cuando intenté eliminarlo por primera vez, me encontré con la oposición de la Procuraduría que argumentaba que esos eran elementos de prueba y que no podíamos descartarlos”, aseguró Castro.
La situación se torna aún más complicada al descubrir que, de los 74,431 pantalones destinados a la destrucción, hay empresas que no figuran en la licitación mencionada. Esto significa que desconocemos el momento o el procedimiento de adjudicación. Es de particular interés que una de estas compañías sea Ston Blue SRL, la misma que en 2018 estuvo implicada en un escándalo de corrupción relacionado con las mochilas del Ministerio de Educación, a las cuales se les añadió el logo de la fundación de la diputada Lucía Medina. Ahora el Estado invertirá un millón 416 mil pesos en la destrucción de materiales dañados por obsolescencia, inicialmente se consideró la incineración, pero luego se decidió que deberían ser triturados.
creditos de las imagenes de este post: n.com.do
