España junto con otras naciones europeas acusaron el lunes a X (anteriormente conocido como Twitter), a través de la organización no gubernamental austriaca especializada en privacidad, Noyb, de infringir las regulaciones de la Unión Europea (UE) al emplear sin autorización los datos de millones de sus usuarios para el adiestramiento de su inteligencia artificial (IA).
La mencionada ONG responsabiliza a la plataforma liderada por el empresario Elon Musk de nutrir su sistema de inteligencia artificial utilizando información personal de aproximadamente 60 millones de individuos de Austria, Bélgica, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia y España, sin notificarles o pedir su consentimiento previo, lo cual es un requisito según la legislación europea.
Ya que X ha empezado a manejar estos datos privados y dado que no se ofrece una alternativa para borrar los datos ya procesados, Noyb ha pedido un “procedimiento de urgencia” para que las autoridades actúen de manera inmediata sobre esta situación, reclamando una suspensión preliminar de tal práctica.
Noyb ha señalado que está al tanto de que la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) inició medidas legales contra X la semana pasada, pero critica que dicha acción judicial se enfoca en cuestiones “superficiales” y no aborda el problema principal: la recopilación ilegal y masiva de datos personales de ciudadanos europeos.
“La DPC parece tomar medidas superficiales, y no abordar el problema de manera profunda”, argumenta el abogado Max Schrems, fundador de Noyb y famoso por haber logrado que se invalidara el acuerdo previo de transferencia de datos automática entre la UE y EE.UU. con una de sus demandas anteriores.
De acuerdo con esta ONG, la mayoría de los usuarios se enteró de la nueva configuración sobre IA a través de una publicación que se volvió viral en X el 26 de julio de 2024, en vez de ser informados directamente por la empresa y tener la opción de rechazar.
Noyb, cuyo acrónimo proviene de la frase en inglés ‘None of your business’ (‘No es asunto tuyo’), demanda una “investigación exhaustiva” sobre las acciones de X y respuestas a varias preguntas importantes como el método que utiliza la compañía para diferenciar los datos de sus clientes europeos, lo cual es un requisito de las normas de la comunidad, del resto de sus usuarios.
Los activistas a favor de la privacidad destacan que su queja ante las autoridades de protección de datos de nueve países intenta incrementar la presión sobre X para que se ajuste a principios fundamentales de la legalidad europea.
Para concluir, Noyb recalca que había una solución sencilla que X ha pasado por alto, la cual consiste en pedir el consentimiento de los usuarios para procesar sus datos.
“Si tan solo una fracción pequeña de los 60 millones de usuarios diera su aprobación para el adiestramiento de sus sistemas de IA, Twitter contaría con más que suficientes datos para cualquier nuevo modelo de IA. Sin embargo, solicitar autorización no parece ser la táctica actual de Twitter”, lamenta Noyb.
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